El Plan de Vivienda del Gobierno sólo se cumplió en una tercera parte en 2000

El programa para el año 2000, inscrito en el Plan de Vivienda cuatrienal (1998-2001), contempla 146.760 actuaciones, de las que 79.975 son viviendas protegidas de nueva construcción, y 22.648, de rehabilitación. Sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido ni de lejos, puesto que, según las estimaciones de las asociaciones de cooperativistas, el número de viviendas sociales construidas estará muy por debajo de las 50.000, la cifra más baja desde hace diez años.

El grado de cumplimiento difiere mucho según las autonomías. Extremadura (88,8%), Comunidad Valenciana (60,8%) y Galicia (41,5%) son las más cumplidoras, mientras que Cantabria (8,3%) y Canarias, (8,4%), las que menos.

La mejor prueba del incumplimiento del plan es que el convenio firmado por la Administración y las entidades financieras destinado para otorgar préstamos a bajo interés a los beneficiarios quedó vacante en sus dos terceras partes. Así, a finales de 2000, de los 780.000 millones de pesetas previstos en el convenio, sólo se suscribieron 249.744 millones. El resto de la línea de crédito no encontró solicitantes por la sencilla razón de que no había viviendas que financiar, lo que de paso supuso un importante ahorro para el Estado, que subvenciona parte de esos créditos.

El 87% en 1999

El programa de 1999 tampoco pudo cumplir con los objetivos previstos, aunque el grado de incumplimiento fue menor, ya que se alcanzó el 87%, con 119.362 financiadas y préstamos por 529.937 millones de pesetas.

La razón de este fracaso ha sido, en primer lugar, el importante incremento del precio de la vivienda libre, que subió un 14,8% en 2000, ante el fuerte tirón de la demanda, y que motivó el escaso interés por construir vivienda social, mucho menos lucrativa que la libre.

Además, este fenómeno se vio agravado por la decisión del Gobierno de no incrementar los precios máximos de venta de las viviendas de protección oficial (VPO), que permanecían congelados desde 1996, lo que ha supuesto que, en muchos casos, el coste de la construcción de estas viviendas (suelo, mano de obra, materiales) superará el precio de venta, lo que desincentivó a los promotores.

El Ministerio de Fomento rectificó parcialmente esta decisión el pasado 9 de febrero, incrementando el precio máximo por metro cuadrado en un 2%, (de 98.500 a 100.500 pesetas), permitiendo a las comunidades aùtónomas aumentarlo hasta un 25%. Esta subida es considerada a todas luces insuficiente por los promotores inmobiliarios, agrupados en la patronal APCE, porque no compensa los aumentos de los costes y, en particular, la del suelo.

Y es que la escasez endémica de suelo, cuya oferta depende en gran parte comunidades autónomas y, sobre todo, de los ayuntamientos, ha sido otro de los motivos del revés que ha sufrido este año la vivienda social. Por último, el retraso en la puesta en marcha del plan, que se inició formalmente en abril de 2000, explica también los malos resultados del mismo, aunque en menos medida, puesto que todos los años ha habido retrasos similares.

El escaso éxito del plan ha llevado al Ministerio de Fomento a imponer la ley del silencio sobre el mismo. Los últimos datos oficiales facilitados datan de julio del pasado año, cuando el grado de cumplimiento alcanzaba sólo el 7,49%. El mutismo del departamento que dirige Francisco Álvarez Cascos es tal que en la Comisión Nacional de Vivienda del PP, celebrada el pasado jueves, el secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, no facilitó ningún dato sobre el cumplimiento del plan pese a ser el punto más importante del orden del día.

En esa reunión, responsables de las comunidades autónomas, alcaldes, representantes del sector inmobiliario y de las cooperativas de vivienda coincidieron en señalar el fracaso del plan actual y en solicitar uno nuevo. El gerente de la APCE, Enrique Corral, considera que el plan actual 'no ha funcionado' y calificó de 'pésimo' su grado de cumplimiento.

Desde las filas del PSOE se considera la situación de la vivienda protegida como 'dramática', hasta el punto de que el propio secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, convocará una reunión con los sectores afectados el próximo mes de marzo.

En el PP, el portavoz en materia de vivienda, el diputado Luis Ortíz, opina que 'el fracaso no ha sido tan grande como se quiere hacer creer' y confía en que las medidas de urgencia aprobadas el pasado 9 de febrero 'hayan agilizado el plan de forma que podamos hablar de un cumplimiento de entre el 60% y el 65%', teniendo en cuenta que el plan concluye el próximo 31 de marzo.