El fiscal pide dos años a las dueñas de una discoteca por los ruidos

Las propietarias de la discoteca Jardines del Real de Valencia se sentaron ayer en el banquillo acusadas de un delito contra el medio ambiente por el que el fiscal pide dos años de prisión. El fiscal considera que el local registró altos niveles de contaminación acústica causando graves problemas de salud a los vecinos. La obstinación y una cierta prepotencia frente a las reclamaciones administrativas del Ayuntamiento de Valencia por parte de Estefanía Pitarch y Samantha Prat, propietarias de la discoteca, ha acabado con ambas ante el juez.

Según el relato del fiscal, desde 1996 hasta 1998 las acusadas vinieron desarrollando su actividad empresarial sin respetar las limitaciones sonoras establecidas por el Ayuntamiento, sometiendo a los vecinos del número 13 de la plaza de la Legión Española, donde se ubica la discoteca, a 'un régimen constante de ruidos elevados hasta altas horas de la madrugada, incrementándose en los períodos de descanso de fines de semana, lo que les ha ocasionado a una parte de ellos afectaciones en su salud consistentes en síndromes de ansiedad, cefaleas e insomnio'.

Hasta cinco veces entre 1997 y 1999 pudieron comprobar los técnicos municipales que la discoteca sobrepasaba los límites acústicos permitidos, por lo que el Ayuntamiento procedió a instalar un aparato medidor de decibelios capaz de interrumpir la música en caso de sobrepasar los niveles permitidos. Una nueva inspección el 15 de marzo de 1999 determinó que personal de la discoteca había manipulado el aparato. Durante el juicio, Estefanía Pitarch aseguró que 'el disc jockey de la discoteca recubrió de algodones el aparato, sin mi permiso, porque le provocaba problemas técnicos al cambiar de CD a discos'. Una de las acusaciones recordó a las acusadas que en 1996 la discoteca llegó a ser expedientada por incumplimiento de horario durante siete ocasiones, y que tenía contabilizados 16 expedientes provocados por molestias a los vecinos. En su escrito, el fiscal, entiende que 'el exceso de ruido en el interior de las viviendas es nocivo para la salud de las personas, generando alteraciones en la audición y en el sueño, estrés, dolor, cefaleas y malestar'.