Miles de condenados inocentes abarrotan las cárceles de Perú

Junto a San Juan de Lurigancho, un superpoblado barrio de Lima pobre de solemnidad, de calles polvorientas y modestas casas, se levanta el penal de máxima seguridad de Castro-Castro. Ochocientos presos condenados por terrorismo y traición a la patria se hacinan en los pabellones de esta cárcel, que exhibe las huellas de abundantes motines y acciones de protesta. Sus condiciones de reclusión son similares a las de los otros 2.000 presos de las organizaciones Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) diseminados en centros penitenciarios peruanos. El problema carcelario es un legado del anterior régimen que provoca grandes quebraderos de cabeza al Gobierno provisional.

'Hemos encontrado el sistema penitenciario totalmente colapsado', dice Diego García Sayán, ministro de Justicia. 'Con Fujimori, la población penal aumentó un 50% y no aumentaron los recursos ni las instalaciones penitenciarias. Se produjo una sobrecriminalización y hoy más de la mitad de los reclusos cumplen penas de 15 años o más. Esta olla a presión que hemos heredado es algo que difícilmente tiene respuestas en lo inmediato'.

Uno de los primeros pasos que dio el nuevo Gobierno en noviembre pasado fue flexibilizar el régimen penitenciario, que según el ministro 'era medieval'. Antes, los presos sólo podían recibir visitas de familiares directos. Ahora, un simple amigo puede entrar en la cárcel, las celdas permanecen abiertas la mayor parte del día y los internos tienen libertad de movimiento por los pabellones. Son mejoras mínimas que saben a gloria, después de vivir en condiciones infrahumanas durante largos años.

Para entrar en Castro-Castro hay que cruzar puertas blindadas y rejas, dejar las huellas dactilares y someterse a una minuciosa revisión de los policías que se ocupan de la seguridad de la cárcel. Cuando el visitante pasa el último control, sus brazos están repletos de marcas e inscripciones que certifican su ingreso en el centro penitenciario. En el pabellón de los presos de Sendero Luminoso, Camilo Varas, uno de los dirigentes en el penal, da la bienvenida al visitante. Educado, de aspecto intelectual, este psicólogo desgrana pausadamente los problemas de los presos. A diferencia de las dependencias de los presos comunes, el pabellón senderista está impecable. Es el fruto de una organización que conserva las normas de funcionamiento de antaño, con un respeto irrestricto a los dirigentes y, por encima de todos, a Abimael Guzmán, venerado como el presidente Gonzalo.

Entre los miles de condenados por terrorismo y traición hay personas inocentes que fueron condenadas injustamente. En los tres meses que lleva el Gobierno provisional, el ministro de Justicia ha firmado unos 50 indultos . 'Creo que podemos indultar a unos 200 condenados hasta que entreguemos el poder , además de unos 300 que se consideran beneficiados por la ley de arrepentimiento, al haber proporcionado información, y que no han recibido las compensaciones'.

El origen del endurecimiento de la vida en las cárceles se remonta a mayo de 1992. Después del autogolpe del presidente Fujimori, el Gobierno aprobó un paquete de leyes de emergencia, que concedió poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad, al margen de todo control judicial. Así describe aquella experiencia el preso liberado en los últimos meses Yehude Simon: 'Cada minuto que pasaba parecía una inacabable hora. Prohibida la lectura, la escritura, el trabajo, parecíamos seres del mundo vegetal. La visita familiar era una vez al mes por un máximo de 30 minutos. La visita de los hijos menores, el mismo tiempo pero cada tres meses'. Las leyes especiales acabaron con el terrorismo, pero los derechos humanos de muchos fueron violados sin pudor. Las cárceles se llenaron de obreros, campesinos, estudiantes, comerciantes y profesores que fueron condenados en juicios relámpago a penas durísimas. La paz llegó a Perú, pero las heridas de la guerra siguen abiertas en muchos hogares.

La mayor pantomima de la justicia antiterrorista la protagonizaron los jueces sin rostro, que estuvieron en acción hasta hace dos años. 'No eran un procedimiento para juzgar, sino para condenar', recuerda el padre Hubert Lanssiers, artífice de la lucha a favor de presos inocentes. Eran jueces especializados en otras materias, que nunca habían visto delitos de terrorismo. El acusado y su defensor no veían a nadie. 'Las sentencias estaban escritas de antemano'.

El 1 de octubre de 1996 salieron los primeros indultados: tres periodistas. En sus tres años y medio de existencia, la Comisión Ad-hoc estudió 3.225 casos individuales y recomendó el beneficio presidencial en 535 casos. Hasta la fecha, 502 presos han sido indultados. A estas cifras hay que añadir las 606 absoluciones dictadas por el poder judicial. En total, más de 1.100 liberados en los últimos cinco años. 'Seguiremos hasta el final', reitera el padre Lanssiers. 'Quedan inocentes. Por ello sigo trabajando por su libertad'.

Para abordar, con voluntad de reparación, las heridas de dos décadas de violencia irracional, está en marcha la discusión de una Comisión de la Verdad. 'Queremos un debate nacional para avanzar hacia la reconciliación, sobre la base de una política de reparaciones a favor de las víctimas de la violencia', reclama el titular de Justicia.