Las constructoras andaluzas encabezaron la adjudicación de obras de la Junta en 2000

La apuesta de la Junta de Andalucía por primar a las empresas de la comunidad en la realización de obras públicas ha permitido que, por primera vez, en el año 2000 las constructoras de andaluzas liderasen la adjudicación de proyectos por las distintas Consejerías del Ejecutivo de Manuel Chaves. Las empresas de la región han pasado en sólo cuatro años de recibir contratos de obra por valor de 14.349 millones (43,8%) a los 54.239 millones (55%) del año 2000. Los empresarios atribuyen este giro al 'esfuerzo de modernización' realizado por las constructoras andaluzas en los últimos años.

La inversión en obra pública de la Junta de Andalucía durante el año 2000 ascendió a 98.365 millones de pesetas. A pesar del descenso en un 10% en el cómputo global, las adjudicaciones a las empresas andaluzas se incrementaron en unos 4.000 millones de pesetas, un 9% más que en el ejercicio anterior.

El 55% del total de la obra pública adjudicada la Administración autonómica se ha destinó a las empresas de la comunidad autónoma, según los datos facilitados por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obra Pública (Ceacop), la patronal que aglutina en Andalucía a unas 200 pequeñas y medianas constructoras que facturaron el año pasado cerca de 200.000 millones de pesetas.

Hasta seis Consejerías del Gobierno andaluz adjudicaron más de la mitad de su inversión en obra pública a las empresas de andaluzas: las de Gobernación, Justicia y Administración Pública (con el 100% de sus inversiones), Medio Ambiente (69%), Obras Públicas (61%), Empleo y Desarrollo Tecnológico (61%) y Salud (54%).

El 83% de la inversión total ha procedido de Obras Públicas y Transportes, la Consejería constructora por excelencia. La cartera que dirige Concepción Gutiérrez del Castillo adjudicó el pasado año obras por valor de 82.080 millones de pesetas, de los que 3.236 millones se destinaron a contratos de consultoría externa.

Por provincias, la de Cádiz fue, de lejos, la más beneficiada por la inversión de la Junta de Andalucía, con 34.887 millones de pesetas (el 36%), seguida a una distancia considerable por Sevilla con 14.379 millones (15%), Córdoba con 12.049 (12%), Almería con 10.907 (11%), Málaga con 9.782 (10%), Huelva con 8.344 (9%), Jaén con 4.000 (4%) y Granada con 2.984 (3%).

Giro político

Desde Ceacop, la patronal que da trabajo a unas 15.000 personas en Andalucía, se valora el giro dado en la política de adjudicaciones del gobierno andaluz que preside el socialista Manuel Chaves. El gerente de Ceacop, Daniel Fernández, considera que en este cambio de rumbo ha sido fundamental el 'esfuerzo de modernización tecnológica' que han realizado las empresas constructoras andaluzas. Como consecuencia de este progreso y de la gestión directa de las obras, desde Ceacop se destaca que 'la salud financiera de las empresas andaluzas atraviesa el mejor momento de su historia'.

Fernández añade que en el último ejercicio 'no sólo se ha conseguido la confianza de las entidades financieras, sino también la certificación de solvencia técnica y calidad del Ministerio de Economía'.

También el presidente de Ceacop, Juan Antonio López, ha valorado el cambio de tendencia, aunque considera que el porcentaje de adjudicaciones a empresas autóctonas está lejos aún del que se registra en otras comunidades autónomas. López aseguró que en determinadas autonomías, 'las empresas andaluzas no tenemos ninguna posibilidad de optar a los concursos, porque en estas comunidades los gobiernos autonómicos defienden a sus empresas y evitan a toda costa la transferencia de la riqueza'.

Con todo, López resalta el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa de la construcción en Andalucía, 'que demuestra día a día el papel, cada vez más importante, que está adquiriendo en la economía andaluza'.

La presión ejercida por las pequeñas y medianas constructoras andaluzas, agrupadas en torno a Ceacop, ha sido determinante para que el Gobierno central haya dado marcha atrás en la reforma del sistema de clasificaciones que iba a incluir en el nuevo reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Reforma de baremos

La reforma que el Ministerio de Hacienda pretendía introducir aumentaba considerablemente las exigencias de fondos propios y personal técnico en las empresas licitadoras para acceder a los concursos públicos, despreciando el actual baremo en el que se toma en consideración la relación entre capital social, facturación y número de empleados de las firmas constructoras.

El empresario jiennense Miguel Ángel Pérez, vicepresidente de Ceacop, considera que de haber prosperado la reforma del Gobierno central se hubiera provocado el cierre de al menos 125 de las 852 empresas de Andalucía clasificadas como contratistas de obras públicas, y del 60% de las pymes del sector en toda España.

Pérez, responsable de la construra Mipelsa, de Martos (Jaén), tiene claro que ha sido la presión ejercida desde Ceacop la que ha desnivelado el pulso que las grandes y pequeñas constructoras mantenían con el Gobierno central, que ahora esperará a que se establezca una normativa comunitaria mucho más flexible.

'Las pequeñas constructoras nos hubiéramos convertido en meras subcontratistas de obra pública de las grandes empresas', advirtió el responsable de Mipelsa.