Un juez baraja prohibir al Colegio de Abogados de Álava utilizar los datos de sus clientes

El abogado Andrés Garrido y un grupo de letrados más de Vitoria entregaron el jueves un escrito al juez decano en el que solicitan que prohíba taxativamente al Colegio de Abogados, con imposición de sanciones en caso contrario, la utilización de los datos de sus clientes. El servicio de inspección de los bastanteos, que depende del colegio, dispone de un sistema informático para contabilizar el dinero ingresado por ese concepto que permite acceder a información adicional que afecta a los clientes de los letrados.

Los abogados firmantes del documento creen que ese sistema, que permite al colegio disponer de la relación de letrados con cada uno de sus clientes y los casos en los que les han representado, atenta contra la Ley de Protección de Datos. Por ello piden al juez decano que reconsidere la autorización que dio en su día y obligue al colegio a prescindir de ese sistema. Los firmantes creen que cualquier filtración o utilización del fichero con sus datos y los de sus clientes para un fin ajeno al estrictamente judicial podrá dar lugar a responsabilidades penales e indemnizaciones, ya previstas en la ley.

Este nuevo conflicto viene a complicar aún más la delicada situación de la actual Junta de Gobierno del colegio, cuyos presupuestos fueron rechazados en asamblea el pasado día 28 de diciembre. Los miembros de la junta decidieron entonces dimitir, al sentirse censurados. Sin embargo, la Junta de Gobierno del Colegio de Vizcaya, ante una situación similar, decidió elaborar unos nuevos presupuestos.

El Colegio de Abogados de Álava consigue el 30% de sus ingresos gracias a los bastanteos -tasa que se paga por cada escrito presentado al juzgado- y a la cuota complementaria que pagan sus letrados, que se calcula en función precisamente de los bastanteos. Los que más escritos presentan, menos cuota complementaria pagan, y a la inversa.

El propio Andrés Garrido remitió el pasado día 5 un escrito a la dimisionaria Junta de Gobierno, en la que califica ese sistema de 'completamente ilegal'.