El arquitecto López niega la estafa y tacha de 'pandilla de incompetentes' a los políticos de la sociedad Azpiegitura
Las declaraciones en la repetición del juicio por el caso Azpiegitura, la presunta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación vizcaína en la cimentación de un edificio público, comienzan a ser calcadas a las vertidas por los inculpados en el primer proceso. Si el constructor Iñaki Ereño reconoció de nuevo el martes que falsificó las facturas sobre los sulfatos inyectados, pero negó la estafa, ayer le tocó el turno al arquitecto Alberto López, absuelto en 1996.
Este ex militante socialista dijo al tribunal que no hubo ningún tipo de estafa en las inyecciones realizadas en el terreno para evitar un 'desastre': que las casas colindantes al edificio y el viaducto se desplomaran.
La fiscalía les acusa a ambos de estafa por haber recomendado las inyecciones al ver 'la posibilidad de obtener un importante beneficio de Azpiegitura'. En el proyecto remitido a Azpiegitura por López se consideraba la obra 'viable', y se indicaba, según las acusaciones, que la roca caliza se encontraba a '12 metros' y no a 25 como finalmente se comprobó en el estudio geotécnico que hizo Ereño. Las acusaciones imputan al arquitecto haber presupuestado el edificio sabiendo que la roca no se encontraba a esos 12 metros, lo que obligaría a aumentar el coste final cuando comenzaran los problemas de cimentación, problemas que solucionaron con las inyecciones de cemento, sulfatos y agua.
López lo negó y reiteró que en el proyecto no se indica esa cifra, sino que quedaba recogido en el 'estracín', algo que 'no está relacionado con la cimentación'. Fueron los datos geotécnicos y la posibilidad de que los edificios y el vial se vinieran abajo lo que obligó, según López, a plantear como solución a Azpiegitura la inyecciones. Infiltraciones que en la primera fase fueron de 5.275 metros cúbicos, aunque al principio sólo se cifraron con 'carácter orientativo', según López, en unos 3.000. Y que, en la segunda fase y con el nuevo proyecto de edificio, sumaron 11.400, a 55.000 pesetas el metro cúbico.
López reiteró que junto al control volumétrico de las inyecciones por parte de los técnicos y aparejadores, hubo un control posterior de Labein y la Universidad de Cantabria. 'Azpiegitura nunca me dijo que hubiera que cambiar el sistema de medición de las inyecciones (...) Eran una pandilla de incompetentes'. López cargó así contra el equipo de José Luis Bilbao, que entró en Azpiegitura en mayo de 1991, y recordó que éste 'aprobó la mayoría de las inyecciones' que le han llevado al banquillo.
