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El PSC afirma que CiU está atada por el PP ante la financiación autonómica

El Gobierno catalán no dispone de margen político para negociar el nuevo sistema de financiación de la Generalitat porque está atado por su dependencia al PP en el Parlament. Así lo afirma Antoni Castells, catedrático de Hacienda Pública, miembro de la Ejecutiva y responsable de economía del PSC.Castells critica a CiU por mantener "una fuga adelante con una propuesta de pacto fiscal irrealizable cuando en realidad tiene una situación de dependencia del PP en Cataluña".

"Nos temenos que CiU rebaje sus planteamientos muy a fondo en materia de financiación autonómica", afirma Castells. El dirigente socialista advierte de que el Gobierno catalán puede acabar aceptando la ley de estabilidad presupuestaria o ley de déficit cero, que el Ministerio de Hacienda quiere extender a todas las comunidades autónomas. "Está por ver si CiU acaba respaldando esta ley, que lamina las competencias de las comunidades autónomas porque presenta unas condiciones inaceptables para la autonomía de las comunidades". En esta línea, el propio consejero de Economía, Artur Mas, ya ha expresado su rechazo inicial a este proyecto del Gobierno.El acuerdo de financiación autonómica se pactó por cinco años y vence dentro de un año. El PSC quiere que haya una propuesta unitaria de todos los partidos catalanes sobre un nuevo modelo de financiación autonómica de cara a la negociación con el Gobierno central que debe arrancar el próximo mes de enero. "Queremos una propuesta unitaria de los partidos catalanes, pero el acuerdo debe ser útil para Cataluña y vemos con preocupación la dependencia de CiU respecto al PP para gobernar en Cataluña", destaca Castells.

El responsable de Economía del PSC asegura que CiU ha practicado hasta ahora una "fuga hacia adelante con su propuesta de pacto fiscal irrealizable cuando en realidad tiene una dependencia del PP".

El Gobierno catalán planteó antes de las elecciones generales, en las que el PP obtuvo mayoría absoluta, un nuevo modelo de financiación que avanzara en la cesión de impuestos a la Generalitat. La propuesta se basaba en la cesión del 60% del IRPF, del 50% del IVA y del 100% del resto de impuestos.

El Gobierno catalán basó esta propuesta en que el Presupuesto de la Generalitat debería aumentar en torno a 600.000 millones de pesetas cada año.

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