La Diputación vizcaína mantiene pendientes de cobro más de 121.000 millones en impuestos
La Diputación de Vizcaya mantiene sin cobrar más de 121.000 millones de pesetas en impuestos y, de ellos, 96.600 se consideran "incobrables" o de "difícil cobro". El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas, referido a 1998, constata que sólo ese año no se habían abonado más de 20.000 millones en tasas y la mitad -10.600- se daban por irrecuperables. El órgano fiscalizador censura irregularidades en el pago aplazado de impuestos por casi 5.300 millones y que se mantiene, pese a la mejoría, el incumplimiento de la ley en los contratos adjudicados.
Deficiencias
El Tribunal de Cuentas ha vuelto a constatar las mismas anomalías que año tras año se repiten en la institución foral vizcaína: cantidades elevadas de impuestos sin abonarse, ilegalidades en el aplazamiento de pagos fiscales y discrecionalidad en los contratos públicos. Del último informe de este órgano -que fiscaliza anualmente la actividad económica y financiera del Gobierno vasco, las tres diputaciones y los 250 ayuntamientos de la comunidad-, sobresale el aspecto tributario.Hasta hace dos años, los impuestos directos, indirectos y tasas que no habían sido abonados por contribuyentes vizcaínos totalizaban 100.791 millones, de los que 86.003 se consideran como "incobrables" o de "dificil cobro", según el informe del Tribunal de Cuentas. La situación no ha mejorado en 1998: se han percibido 567.000 millones de ingresos fiscales pero han quedado pendientes otros 20.361, de los que 10.686 millones se califican como irrecuperables.
Esta deuda de tributos procede en su mayoría de los impuestos directos (Renta, Sociedades y Patrimonio), que ya suman 46.000 millones -37.000 de ellos irrecuperables-; los indirectos (transmisiones, actos jurídicos, IVA), que suponen 45.000 millones, de ellos 35.500 de dudoso cobro, y las tasas (juego, recargo de prórroga), que totalizan 29.000 millones, de los que 23.000 se dan por no recuperables.
El informe del Tribunal de Cuentas se limita a dar las cifras sin realizar más valoraciones. Tampoco la Diputación, que en cada estudio dipone de un anexo para exponer sus alegaciones a los datos y consideraciones del órgano fiscalizador, realiza comentario alguno.
Además, el texto revela deficiencias en la forma de recaudar los impuestos. En esta ocasión, los incumplimientos no alcanzan la importancia de años anteriores, cuando la Diputación retrasó en el pago -en el momento en que se encontraban en vía ejecutiva- expedientes por varios centenares de millones. En concreto, en 1997 se pasó de la vía ejecutiva a la administrativa los expedientes de cinco contribuyentes por valor de 348 millones. En el ejercicio de 1998, el Tribunal de Cuentas aprecia anomalías en el fraccionamiento del pago sin las debidas garantías o en condiciones favorables, deficiencias que también se daban en años anteriores.En concreto, destaca la situación de cinco expedientes cuya deuda tributaria ascendía a 1.181 millones, en los que no se aportan las garantías suficientes para el aplazamiento. "A la fecha de nuestra revisión no se ha aportado dicha garantía, sin que conste ampliación por parte de la Diputación y sin que se haya dejado sin efecto el fraccionamiento concedido", expresa el informe. A ello añade el hecho de que cuatro expedientes, por 4.100 millones, disfrutaron en el aplazamiento del pago de impuestos de un tipo de interés inferior al establecido en la propia normativa foral. El tribunal señala que así se incumple la Ley General Tributaria.
La Diputación sí responde a este aspecto. Señala que la ley tributaria no es aplicable y que una sentencia judicial faculta al diputado de Hacienda a dar condiciones especiales para determinadas deudas aplazadas. El tribunal arguye, sin embargo, la necesidad de un trato unitario en el Estado para evitar diferencias "según la entidad acreedora".
El otro incumplimiento de la ley destacado se localiza en los contratos públicos de la Diputación. De los 61 expedientes analizados, adjudicados por 32.900 millones, se observa alguna deficiencia en 26 con un valor de 10.086 millones. Sin embargo, existe una mejoría respecto a años anteriores cuando los incumplimientos superaban la mitad de los contratos. Los mayores problemas se observan en una decena de contratos "con criterios de valoración no objetivos".
