Beneficios perjudiciales
Desde el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Vizcaya queremos hacer pública la, una vez más, irregular actuación de las administraciones públicas vascas con los colectivos económicamente más desfavorecidos. El pasado 2 de marzo año entró en vigor la orden de 3 de febrero de 2000, del consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen los estímulos al empleo de los titulares del Ingreso Mínimo de Inserción (prestación económica mensual que se otorga con carácter alimenticio a personas con recursos económicos insuficientes, coloquialmente conocido como salario social) y de los beneficiarios de Ayudas de Emergencia Social (prestaciones económicas no periódicas destinadas a personas con recursos insuficientes para hacer frente a gastos específicos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social). El objeto de la citada orden es la exclusión del cómputo de recursos de determinados porcentajes de ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena, de conformidad con una fórmula establecida para tal efecto. Desde el Gobierno vasco, se remite a los diferentes Ayuntamientos encargados de gestionar estas prestaciones, un programa informático que facilita dichos cálculos. Sin embargo, se ha podido observar cómo dicho programa no aplica correctamente la fórmula señalada en la orden, pudiendo un hipotético usuario llegar a percibir hasta 300.000 pesetas anuales menos que lo que por derecho le corresponde.
Tras observar este problema, que perjudica al colectivo económicamente más desfavorecido, este colegio solicitó al Gobierno vasco, el pasado 4 de abril, la corrección del error detectado. El 12 de abril se informó a la Diputación Foral de Bizkaia y se solicitó la aplicación de la orden adecuadamente, sin que perjudique a los titulares del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI).
En la misma fecha se notificó a los técnicos responsables de los servicios sociales de todos los ayuntamientos de Vizcaya de este hecho. A fecha de hoy no se ha realizado ningún cambio en la actuación de las diferentes administraciones públicas, ni se ha recibido ninguna respuesta al respecto. Esta aplicación contradictoria de la norma vulnera los derechos de los colectivos más desprotegidos de la sociedad y refleja, una vez más, la falta de responsabilidad de las instituciones públicas vascas con los más desfavorecidos, aprobando una norma que mejora levemente sus derechos para aplicarla posteriormente en contra de lo aprobado y consecuentemente en perjuicio de estos colectivos.- Inmaculada Ruiz Pérez. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Vizcaya. Bilbao.
