Gordo y sus socios abortaron una operación inmobiliaria de la Vital de más de 5.000 millones
Los empresarios José Antonio Gordo y Javier Sáenz de Valluercafrustraron el pasado verano una importante operación inmobiliaria de Caja Vital por importe de más de 5.000 millones de pesetas en su propio interés. Valiéndose de información confidencial de la entidad, Gordo y su socio interfirieron en la venta del centenar de pisos que la Vital posee en sus dos edificios centrales de la Plaza de los Fueros de Vitoria a un grupo empresarial que presentaba una oferta en firme. Esta actuación fue una de las que motivaron la auditoría interna sobre las relaciones con la caja del empresario inmobiliario y sus socios, ordenada el año pasado por el entonces presidente de la entidad, Juan María Urdangarín.
El episodio de las viviendas sitas en los edificios centrales de la Vital en las calles Postas e Independencia (sede de las cajas Municipal y Provincial de Álava hasta su fusión en 1990) resulta ilustrativo de la forma de actuar en los negocios de José Antonio Gordo y algunos de sus socios. La irrupción de éstos en el momento culminante de la operación fue posible, según han confirmado fuentes de la entidad, por la información interna de que dispusieron gracias a la red de poder e influencia tejida en la caja por el presidente de la Cooperativa Vitoriana de la Vivienda (Covivi). Los órganos de dirección de la caja, según ha podido reconstruir este periódico, acordaron en la primavera de 1998 iniciar los trámites administrativos para una posible enajenación de los algo más de cien pisos de su propiedad situados en las plantas superiores de los dos edificios, que dominan la céntrica Plaza de los Fueros. Con ello pretendía rentabilizar este patrimonio inmovilizado -la mayoría de los pisos tienen alquileres de renta antigua- "porque la tarea de la caja no es la de ser casero de nadie", explica un antiguo alto cargo de la Vital. Mientras estaba realizándose el inventario de los pisos para su posible segregación y venta, el mes de mayo pasado un importante grupo empresarial encabezado por Antón Iraculis, con negocios inmobiliarios y hoteleros, hizo saber oficialmente a la dirección de la caja su interés por adquirir ambos inmuebles. En parte del inmueble de la calle Postas que acogió la antigua sede de la Municipal pretendía realizar una reforma para construir un hotel de lujo.
Confidencialidad
Ambas partes convinieron, según personas que intervinieron en las negociaciones, en conciliar "la mayor confidencialidad" -por cuestiones internas del grupo inmobiliario y para evitar una reacción contraria de los inquilinos- y "la mayor transparencia". Para ello, la dirección de la caja propuso que una entidad independiente realizara una tasación sobre el valor de las viviendas y que, sin conocer esa valoración, el grupo empresarial presentara su oferta, que para ser aceptada tendría que ser netamente superior. La valoración rebasaba los 5.000 millones de pesetas. "No queríamos que la operación saliera a la opinión pública como un pelotazo", según dichas fuentes.
De este modo, a mediados de junio, la comisión ejecutiva de la entidad da el visto bueno y se fija para la siguiente reunión la apertura de la oferta del grupo de Iraculis. Ese día, sin embargo, compareció en la caja un abogado en representación de la sociedad Grupo Genérico Urbano, presentando su propia oferta por las viviendas . Esta empresa fue constituida en 1991 por Gordo y Sáenz de Valluerca, socio de aquél en múltiples negocios y con quien controla gran parte del nuevo suelo urbanizable de Vitoria. También participa en ella la esposa de Valluerca, Elkarkidetza -la entidad de previsión social de los funcionarios vascos- y la caja de pensiones Juan Urrutia, de Iberdrola. La Juan Urrutia adquirió en 1996 la antigua sede institucional de la Vital en la calle San Prudencio por un valor muy inferior al que había sido tasado y que recientemente ha terminado en manos de Gordo y Valluerca.
La inopinada irrupción de la oferta de Grupo Genérico Urbano obligó a suspender la reunión de la comisión ejecutiva y frustró la operación ante el bochorno de la dirección de la caja. Posteriormente se llegó a conocer que el responsable de la filtración fue el consejero Javier Apilánez Sáenz Cuesta, miembro de la ejecutiva.
Socio y confidente
Apilánez es tesorero de Covivi, la gestora de promociones de cooperativas de vivienda que preside Gordo y le ha dado relevancia social, y es socio de éste y Sáenz de Valluerca en una larga relación de sociedades inmobiliarias, siempre con una participación minoritaria, para esquivar la incompatibilidad que le impediría ser consejero de la Vital, donde ha sido "los ojos, los oídos y la boca de Gordo", según un ex alto cargo de la entidad.
Este singular episodio constituyó uno de los motivos que llevaron al anterior presidente de la Vital, el nacionalista Juan María Urdangarín, a abrir una investigación interna sobre los negocios realizados por Gordo y algunos de sus socios con la caja. El propio empresario confirmó a este periódico que paró la operación porque no consideró conveniente que se vendieran los edificios "a una sola mano" y "podía haber otras ofertas". Así mismo, invocó su condición de "cliente preferente" de la Vital para resaltar el derecho de Grupo Urbano Genérico a pujar. Según Gordo, éste fue el motivo de que Urdangarín le "declarara la guerra".
