Los socios del PP se alían con la oposición para frenar la reforma de la Ley de Extranjería

Madrid CiU y Coalición Canaria, socios parlamentarios del PP, se aliaron ayer con PSOE e IU para advertir al nuevo Gobierno de José María Aznar, ahora con mayoría absoluta, de que las prisas no facilitarán el consenso para reformar la Ley de Extranjería. Portavoces de las cuatro formaciones coincidieron en subrayar que las modificaciones que, con carácter prioritario, pretende introducir el Ejecutivo para endurecer los mecanismos de llegada de inmigrantes indocumentados no se podrán acometer en este periodo de sesiones, que acaba en junio, en contra de lo anunciado por representantes del Gobierno. Tras este aviso, el PP anunciaba su intención de dialogar con todas los partidos antes de que La Moncloa remita al Congreso el nuevo proyecto.

Los aliados parlamentarios del PP unieron ayer sus fuerzas para frenar las prisas del Gobierno en sus intenciones de endurecer la Ley de Extranjería. El portavoz parlamentario de Coalición Canaria, José Carlos Mauricio, fue el primero en dejar el asunto muy claro. Incluso calificó de "desliz" la aceleración anunciada el martes por Jorge Fernández, nuevo secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.Mauricio, que hizo estas declaraciones tras conversar con sus interlocutores de Interior, auguró que el nuevo proyecto podría estar redactado en realidad en octubre, y que se podría aprobar, como muy pronto, en febrero de 2001.Coalición Canaria sí estaría dispuesta a negociar una nueva Ley de Extranjería más dura en el control de acceso a España, y sobre todo a las islas Canarias, de los inmigrantes indocumentados; pero Mauricio precisó que entre la ley actual, aprobada en la anterior legislatura por todos los grupos parlamentarios salvo el PP, y la "contrarreforma" que pretendieron imponer a última hora algunos sectores del Ejecutivo, sus cuatro diputados volverían a optar por la norma en vigor.

CC, en todo caso, justifica su cambio de postura en cuanto a una posible reforma por la proliferación de las tramas organizadas marroquíes que "facilitan la entrada en España de inmigrantes como si se tratase de auténticas agencias de viaje". Estas mafias, según Mauricio, están haciendo correr la voz por toda África de que los inmigrantes pueden entrar en España sin problemas antes del 31 de julio, dato falso pero que ha provocado auténticas "oleadas".

Tampoco el portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias, está de acuerdo en acelerar esta reforma. Trias advirtió ayer al nuevo Gobierno y al PP de que su grupo parlamentario no está dispuesto a votar a favor de ninguna modificación legal si en el consenso no se incluye al PSOE. Ni siquiera aunque tales reformas fueran del agrado de los nacionalistas catalanes. En todo caso, avisó de que su formación nunca permitirá que esas modificaciones se produzcan en los apartados "garantistas de los derechos y las libertades" de los inmigrantes.

En la misma línea, la portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Socialista, Delia Blanco, indicó que es prematuro cambiar ahora la ley y es preferible esperar a ver antes cuáles son los efectos de la aplicación de la actual. El primer partido de la oposición, advirtió, "no dará un paso atrás" si los cambios que acabe proponiendo el Gobierno pueden suponer algún recorte en los derechos adquiridos por los inmigrantes.

Un argumento similar utilizó Margarita Uria, del PNV, quien anticipó que su grupo está abierto a cualquier debate sobre una mejora de la ley, pero sólo admitirá modificaciones si no suponen recortes de derechos, entre los que citó el de asociación de los inmigrantes. "Si son los mismos planteamientos que el PP hizo cuando se estaba discutiendo la famosa ley, que no cuenten con nosotros", remató el portavoz parlamentario de los peneuvistas, Iñaki Anasagasti.

Por parte de IU, Francisco Frutos señaló que la ley en vigor, de ser cambiada, debe serlo para mejor, ya que es un texto "de mínimos". Frutos receló de las posturas de CiU y de CC, formaciones a las que ve más preocupadas por obtener algo a cambio del Gobierno.

Vista esta reacción de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria -a la que se agregaron Esquerra Republicana de Catalunya y la portavoz de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, al anunciar que no secundará ninguna iniciativa encaminada a mermar lo logrado "por consenso en las Cortes"-, desde la dirección del Grupo Popular se corregían las posiciones que el día anterior habían expresado algunos representantes del Gobierno.

Luis de Grandes, portavoz parlamentario, no sólo se comprometía a buscar el mayor consenso posible, sino que hacía saber a sus interlocutores en el Gobierno que, en este escenario, él mismo tiene algo más que "serias dudas" de que tanto la presentación del proyecto ante los demás grupos como su discusión parlamentaria y su posterior aprobación se puedan llevar a efecto en este periodo de sesiones, que acaba a finales de junio.

Tras este reconocimiento, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, admitía que aunque los cambios en la ley habría que ejecutarlos "cuanto antes", es preferible intentar antes el diálogo y el consenso con todos los sectores políticos y sociales.