Más del 75% de los contratos de obras suscritos por Metro Bilbao en 1997 incumplió la ley
El Tribunal Vasco de Cuentas también ha descubierto anomalías en los contratos de obras de Metro Bilbao, una situación que se repite todos los años en las instituciones y sociedades públicas vascas. Más del 75% de los expedientes de contratación examinados en el Metro en 1997 no cumple la ley, casi todos por el abuso de la adjudicación directa. El órgano del que depende Metro Bilbao, el Consorcio de Transportes de Bizkaia, adjudicó cinco de los siete contratos analizados sin recurrir al concurso. El Tribunal de Cuentas destaca la elevada carga financiera del consorcio.
Los informes de las cuentas de instituciones y sociedades públicas coinciden año tras año en un aspecto: las deficiencias en los contratos que se suscriben. La Diputación vizcaína transgredió la ley en la mitad de los adjudicados en 1997 y 1996 y las anomalías en el Ayuntamiento de Bilbao llegaron en 1995 al 95% de los casos.El Tribunal de Cuentas ha analizado por primera vez la actividad del Consorcio de Transportes de Bizkaia, órgano participado por el Gobierno, la Diputación foral y diez ayuntamientos, cuya principal función es financiar las obras del metro. El estudio incluye a la sociedad Metro Bilbao, que ya fue objeto de un análisis parcial en 1996, su primer año completo de funcionamiento. El órgano fiscalizador ha apreciado incumplimientos de la ley en 19 de los 25 contratos que ha analizado, referidos a 1997 y que suponen -sin incluir el IVA- 1.327 millones de pesetas. En 15 expedientes, con un valor total de 618 millones, se repite la adjudicación sin "respetar el principio básico de publicidad" como obliga la normativa vigente, "si bien hay que mencionar que en todos se han solicitado un mínimo de tres ofertas y un máximo de ocho", indica el Tribunal de Cuentas.
Actas sin terminar la obra
Añade que en otros seis casos de contratación, cuyo importe es de 436 millones, el acta de recepción de la obra se formaliza antes de que hayan finalizado los trabajos. "Se realiza según la fecha prevista de conclusión de los trabajos, independientemente de su efectiva finalización; en estos expedientes se ha incumplido el plazo de finalización, sin justificación y sin que se les impusieran penalizaciones, tal como exigía el contrato".
Sobre las cuentas del Consorcio de Transportes, constata que cinco de los siete contratos adjudicados en 1997, por 237 millones, se tramitaron sin un concurso público. En tres de ellos se solicitó un mínimo de tres ofertas, pero en otro, por un cantidad de 20 millones, "se adjudicó directamente a la única oferta solicitada". El informe, que analiza expedientes de años anteriores a 1997, añade el caso del suministro de 24 unidades de tren y otras piezas de parque y repuestos, adjudicado en 1992 por 20.806 millones, que estaba sin cumplirse. "En diciembre de 1998 no se habían recibido las piezas de parque y repuestos, que debieran haberse entregado en julio de 1996, sin que haya constancia de aprobación de prórrogas ni de imposición de penalizaciones".
Este aspecto es el único, entre los referidos a las contrataciones, que fue alegado en el informe por el Consorcio. Aduce que "la cantidad pendiente de entregar las piezas suponía un 0,7% del total del contrato y las causas del retraso eran justificadas". Sobre el resto de las anomalías sostenía que eran "ajustadas a la realidad de los hechos" y se comprometía a "atender las recomendaciones corrigiendo las deficiencias detectadas". En cambio, el Consorcio de Transportes adujo ayer, en un comunicado, que adjudicó cinco contratos sin concurso porque "fueron tramitados por vía de urgencia, atendiendo a la perentoriedad de las actuaciones a realizar".
El Tribunal de Cuentas destaca la "muy elevada deuda viva" del consorcio, que asciende a 70.258 millones, "lo que provoca una carga financiera del 47% de los ingresos". en su comunicado de ayer, el consorcio alega que no tiene límite de endeudamiento, su actual deuda es de 61.230 millones y que dos firmas han avalado su "solvencia crediticia".
