Más de 8.000 indios de Brasil reivindican la atención sanitaria
Más de 8.000 guerreros indios pertenecientes a las tribus de los calancó, caruazul y geripancó que habitan en el Estado de Alagoas, en el noroeste pobre del Brasil, se han levantado en pie de guerra tras acusar a las autoridades del Estado de haber desviado para otros fines el presupuesto aprobado para crear puestos de salud propios en sus comunidades. Como primer gesto de protesta, el pasado lunes invadieron la consulta de odontología de la ciudad de Parinconha, a 314 kilómetros de Maceió, la capital del Estado de Alagoas, llevándose todo el material médico que hallaron en el centro. Además, han amenazado con realizar nuevos asaltos a la ciudad si no son atendidas sus reivindicaciones, entre ellas la de que se cumpla la promesa que las autoridades brasileñas les habían hecho de implantar unidades médicas en sus poblados.Estas comunidades dirigen el grueso de sus denuncias contra el alcalde de Parinconha, Waldemar Alves Feitoza, al que acusan de ser uno de los principales responsables de que el dinero que había sido presupuestado para sus necesidades sanitarias haya sido desviados para otras necesidades de la ciudad. También acusan a las autoridades de haber retenido los equipos médicos que habían sido destinados a los calancó, caruazul y geripancó para destinarlos a las consultas para blancos de la ciudad.
Según ha declarado Jorge Vieira, representante del Consejo Indigenista Misionero de Alagoas, la situación de esos 8.000 indios "es crítica, ya que están aumentando la mortalidad y las enfermedades graves". Vieira cree que los recursos destinados a los indios están siendo utilizados para otros fines, como ellos denuncian, por los alcaldes de las diferentes localidades del territorio.
Evitar enfermedades urbanas
Estas comunidades indígenas reivindican que la asistencia médica -tal como les había sido prometido- se realice en sus poblados con el fin de evitar exponerse en su contacto con la población urbana a enfermedades desconocidas en su entorno y ante las que su organismo se encuentra especialmente indefenso.
La Fundación Nacional del Indio (Funai) ha declarado que está siguiendo con interés y aprensión los ataques de estos indios a los consultorios de sanidad pública, y ha asegurado que ya ha tomado medidas para que se les atienda en sus comunidades.
Por otra parte, el presidente de la Funai, Carlos Mares, tuvo que viajar el viernes al Estado de Mato Grosso do Sul, en el suroeste brasileño, para intentar mediar y liberar a su asesor Geraldo Duarte y al historiador Rogério Alves de Resende, técnico de una organización no gubernamental, secuestrados por la etnia terena el día anterior. Esta etnia ocupa la aldea denominada Irmaos do Buritis, donde habitan 2.700 familias. Los terena desean la demarcación de 18.000 hectáreas y acusan a Alves de Resende, contratado por la Funai, de elaborar un mapa que reduce esa extensión a 2.300 hectáreas.
