El Poder Judicial decidirá en noviembre si expulsa a Liaño de forma definitiva
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordará en su reunión plenaria del 3 de noviembre la ejecución de la sentencia del caso Liaño y se pronunciará sobre la expulsión definitiva de la judicatura del ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación (dictar a sabiendas resoluciones injustas) en la instrucción del caso Sogecable.El fallo del Tribunal Supremo condena a Liaño a 18 meses de multa, a razón de 1.000 pesetas diarias (540.000), y a "15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo".
Para unos vocales del CGPJ, la sentencia expresa claramente la expulsión de Liaño de la judicatura y que sólo podría volver a ejercer si dentro de 15 años opositara de nuevo o accediese a la carrera por el turno de juristas "de prestigio". En cambio otro sector entiende que podrá pedir entonces la rehabilitación al entender que no ha perdido su condición de juez. Esta segunda posición implicaría que podría volver de inmediato a la judicatura si fuese indultado.
Precisamente ayer, informa Isabel Salvador, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien declaró a favor del ex juez en el juicio en el Supremo, manifestó en Toledo que espera que Liaño "pronto obtenga su remedio", mediante el indulto o el Tribunal Constitucional. "El indulto lo tiene que conceder el Gobierno y yo no tengo nada que ver ahí", matizó. Sin entrar a valorar la sentencia, Fungairiño defendió a quien considera "amigo y compañero" y aseguró de él que "es uno de los mejores jueces de España".
Por otra parte, la Sala Segunda del Supremo pidió ayer al ministerio fiscal que dictamine sobre la competencia para entender de una querella por prevaricación presentada por el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez contra Liaño por el caso del vídeo sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez.
Liaño, entonces juez de la Audiencia Nacional, asumió inicialmente la competencia para averiguar la procedencia de dicho vídeo por entender que podía tratarse de "terrorismo" de los GAL. Ahora, tras su condena, puede haber perdido su fuero judicial y, así, esa querella tendría que ser remitida a un juzgado de instrucción ordinario.
Por otra parte, el portavoz del CGPJ, Benigno Varela, expresó ayer su rechazo a la restauración del delito de desacato en el Código Penal. También Jueces para la Democracia, al contrario que las otras asociaciones judiciales, mostró su "absoluto rechazo" a rescatarlo.
