La Fiscalía Anticorrupción estudia ampliar a nuevos implicados la querella por estafa contra Jesús Gil

La Fiscalía Anticorrupción estudia ampliar a nuevos implicados la querella que en el mes de julio presentó por estafa y otros delitos contra el presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella (Málaga), Jesús Gil. La medida ha sido adoptada tras las afirmaciones realizadas ayer ante el juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, por José Julio Carrascosa, ex director general del club; la abogada y asesora jurídica Milagros Morcillo y el subdirector de la gerencia Luis Fernando Abad, que declararon como testigos.Entre los nombres que la Fiscalía Anticorrupción baraja como nuevos implicados figuran los de Jesús Gil Marín, hijo mayor del presidente del Atlético; Clemente Villaverde, actual gerente y ex futbolista del equipo, y Francisco Alarcón, contable del Club Financiero Inmobiliario, buque insignia de Gil y que no pertenecía al Atlético. Según fuentes de la Fiscalía, los testigos destacaron que las decisiones jurídicas las adoptaban el letrado José Luis Sierra, por orden de Gil, y también Villaverde. Las económicas las tomaban, sin embargo, el propio Gil, su hijo Jesús y Alarcón.

Estas fuentes informaron que Carrascosa había indicado que la deuda de 1.984 millones de pesetas que el Atlético reconoció que tenía con Gil no estaba contabilizada y por eso, en septiembre de 1991, en la asamblea de socios compromisarios que aprobó las cuentas de 1986, 1987, 1988 y 1989, hubo que hacer una votación aparte para su reconocimiento. La Fiscalía reputa este adeudo como inexistente.

En enero de 1992, Enrique Cerezo, vicepresidente del Atlético, cedió a Gil los derechos sobre 30 jugadores, lo que suponía el 90% del patrimonio del club, como compensación a la deuda y en junio de ese mismo año Gil los devolvió una vez que cobró los 1.984 millones. Estas operaciones, según la Fiscalía, supusieron una despatrimonialización del Atlético y se realizaron sin que Carrascosa se enterase, según reconoció éste ayer.

Abad declaró que uno de los documentos de reconocimiento de deuda fue realizado por Sierra, uno de los imputados y jefe del equipo jurídico. Este abogado se encuentra ahora enfrentado a Gil.