Una argucia jurídica aplaza un año el juicio del "caso Lasa-Zabala"
Una argucia jurídica aplazará alrededor de un año el juicio del caso Lasa-Zabala, según informaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional. El abogado Jorge Argote, que también está procesado en el caso, presentó ayer un voluminoso escrito en el que plantea hasta seis cuestiones previas a resolver antes del juicio, entre las que pide que el caso sea remitido a la Audiencia de Alicante, pues los cadáveres de los dos etarras fueron encontrados en Busot, y, por ello, el caso corresponde a aquella jurisdicción.
El Tribunal de la Audiencia Nacional tenía previsto celebrar durante el próximo mes de junio el juicio por los secuestros, torturas y asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ocurridos en 1983. Pero la presentación de estas cuestiones previas dilatará el proceso alrededor de un año, como ya ocurrió anteriormente con el caso de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA). Aunque el tribunal quisiera resolver estas cuestiones previas con urgencia, contra la resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la demora es inevitable.
En este caso están procesados el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, los guardias civiles Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, todos ellos como autores de los secuestros, torturas y asesinatos, bien como inductores en el caso de Galindo, Elgorriaga y Vaquero, o como autores materiales, en el de Dorado y Bayo.
También están procesados pero por delito de encubrimiento el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y el abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote.
Un límite de cuatro años
Dorado y Bayo llevan ya tres años de prisión preventiva, uno menos del máximo previsto en la legislación española, por lo que transcurrido ese tiempo saldrían en libertad aunque el fiscal solicita 90 años de cárcel para cada uno de ellos. Los restantes se encuentran en libertad. Para mantener que el caso es competencia de la Audiencia de Alicante, Argote sostiene que los GAL no eran una banda armada, que el asesinato de Lasa y Zabala no fue un acto terrorista y que no hay constancia de que los etarras fueran secuestrados puesto que estaban buscados por la justicia española.
Los otros argumentos que esgrime como cuestiones previas son supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, como mantener el secreto de las actuaciones durante años, negación del derecho a presentar recursos, o vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley en las presuntas irregularidades de la recusación del juez instructor, Javier Gómez de Liaño, entre otros.
También alega que Bayo declaró bajo presión y con promesa de beneficios lo que supondría como mínimo la anulación de esa confesión, y cuestiones formales como que se ha dado traslado simultáneo a las defensas para calificación de la causa, en lugar de sucesivo como exige la ley.
Argote alega que ejerce un derecho, pero que no quiere celebrar el juicio en periodo electoral.
