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lunes, 26 de abril de 1999

Hacienda acusa a un inspector jefe de Barcelona de exigir dinero a tres empresas investigadas

  • Álvaro Pernas dirigía las inversiones en Bolsa del club creado por Huguet y De Aguiar

La Delegación de Hacienda en Cataluña ha presentado ante la fiscalía una denuncia contra el inspector jefe de unidad regional Álvaro Pernas por tres presuntos delitos de cohecho. Pernas era el encargado de dirigir las inversiones en Bolsa del club en el que participaban los ex altos cargos José María Huguet y Ernesto de Aguiar. La denuncia se basa en testimonios de tres empresas inspeccionadas por Pernas, Metro 3, Tresne y Fundación Familiar Catalana, que aseguran que se les propuso que pagaran para rebajar la cuantía de las actas de la inspección.

La denuncia del delegado especial de Hacienda en Cataluña, José María Lluis de Odriozola, entregada recientemente a la fiscalía, incluye un informe del jefe de la inspección Regional en el que se detallan los hechos relatados por las empresas afectadas. Estos hechos se refieren a supuestas propuestas de cohecho realizadas hace apenas seis meses.

La primera de ellas procede de Tresne, SL, una sociedad dedicada a la promoción y adquisición de fincas urbanas. Según el documento de la inspección, representantes de esta empresa acudieron a Hacienda y explicaron que durante la inspección "se propuso la entrega de una determinada cantidad de dinero para rebajar el importe de las posibles actas a extender, así como para no considerar los hechos que motivaban las actas en Tresne a otras empresas del grupo que estaban en el plan de inspección de la unidad. Ante la negativa de la empresa, se extendieron las correspondientes actas".

La empresa supuestamente extorsionada no se limitó a eso, sino que "encargó a una agencia de detectives la realización de una investigación patrimonial referente al jefe de unidad regional, Álvaro Pernas Barros, de la cual se entregó copia a la inspección". Hacienda ha incluido ese informe en la denuncia entregada a la fiscalía y en él se atribuye a Pernas un injustificado enriquecimiento patrimonial.

El segundo caso es el de la empresa Metro 3, también del sector inmobiliario. Se trata del episodio con más historia. Según fuentes informadas, Pernas y los directivos de Metro 3 alcanzaron un acuerdo para que las actas fueran de menor cuantía, pero su pago quedó aplazado hasta que las mencionadas actas fueran definitivas, es decir, hasta que el jefe de la inspección Regional las refrendara. Esto no ocurrió y las actas de Pernas fueron anuladas, lo que obligó a éste a cancelar precipitadamente sus vacaciones en la Polinesia y regresar a Barcelona para ver lo que sucedía. Este es el punto en el que arranca la descripción de los hechos realizada por Hacienda.

En la denuncia se lee: "Una vez que las actas fueron anuladas por esta Inspección Regional y ordenada la correspondiente ampliación de actuaciones, el asesor de la empresa mantuvo una entrevista con este inspector [el jefe regional que firma la denuncia] en la que se le informó que se había llegado a un acuerdo, a través de un intermediario, con Pernas de entrega de una determinada cantidad de dinero (aproximadamente 60 millones de pesetas) una vez que las actas fueran firmes".

El autor del informe revela asimismo que, en una posterior entrevista, en la que estuvieron presentes el responsable de la sociedad y su asesor, el propietario de la empresa manifestó su deseo de "pasar página del asunto', hablando siempre de hipótesis, sin querer presentar denuncia formal escrita".

En relación con esto, fuentes jurídicas consultadas han afirmado que el delito de cohecho existe ya en el momento en el que se propone, independientemente de que acabe produciéndose el pago. Y además la responsabilidad recae sobre ambas partes, el que paga y el que cobra. Sin embargo, esta situación cambia si quien ha hecho los pagos denuncia los hechos, lo que mitiga mucho su responsabilidad, mientras que si el cohecho se descubre en el curso de la investigación, no existe esa atenuante. El tercer caso denunciado corresponde a la empresa Fundación Familiar Catalana. Sobre este episodio, el relato de Hacienda afirma: "Los asesores de la empresa mantuvieron una entrevista con esta inspección Regional, manifestando que a través de intermediario se le había exigido una determinada cantidad de dinero (200 millones de pesetas) por no hacer las actas". Como en el caso anterior, los responsables de la sociedad aseguraron que "no obstante, no van a presentar denuncia formal escrita".

La denuncia de Hacienda contra Pernas, que llegó a la fiscalía el pasado día 19, comenzó a instruirse internamente a finales del pasado año, cuando llegaron los primeros testimonios de las empresas. La denuncia alcanzó su fase final en febrero pasado, es decir, antes de que estallara el escándalo de Huguet y De Aguiar, cuando el jefe regional envió su informe al delegado especial de Hacienda en Cataluña.

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