El Constitucional deja en suspenso el acuerdo del Parlamento vasco de ceder su sede a los kurdos

El Tribunal Constitucional dejó ayer en suspenso el acuerdo del Parlamento vasco de ceder su sede de Vitoria a la autodenominada Asamblea kurda en el exilio, para que celebre en ella reuniones de trabajo, tras admitir a trámite una demanda del Gobierno contra dicha resolución. La suspensión se prolongará durante el tiempo que el alto tribunal tarde en decidir respecto a la impugnación, pero tendría que ser ratificada o levantada si se llegase a los cinco meses. El PNV criticó lo que considera "torpeza política" del Ejecutivo y anunció que presentará un escrito de alegaciones.

El Pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer admitir a trámite la demanda formulada en marzo pasado por el Gobierno contra el acuerdo del 9 de febrero de la Mesa del Parlamento vasco sobre la cesión de su sede a la autodenominada Asamblea kurda en el exilio, lo que, según la nota difundida, supone "el consiguiente efecto suspensivo legalmente previsto".El ministro para las Administraciones Públicas, Ángel Acebes, argumentó en su día que "cuando una competencia tan claramente exclusiva del Estado como es la política internacional se ve vulnerada [por la determinación de la Cámara vasca] es imprescindible presentar un recurso". Luego, afirmó que, si el Constitucional la suspendiese y una sentencia posterior determinase su ilegalidad, no le cabría duda de que Vitoria acataría el fallo.

La impugnación del Gobierno se basa en el artículo 161.2 de la Constitución, que dispone su facultad para hacerlo respecto a "las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". Ese precepto añade que esa medida "producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Según Acebes, el acuerdo del Parlamento vasco vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y en política exterior, establecida en los artículos 149 y 97 de la Constitución, que disponen que el Gobierno dirige la política interior y la exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado y las relaciones internacionales.

La decisión de Vitoria, puntualizó, afecta a la relación de España con Turquía, país que advirtió a España de las graves consecuencias que tendría en su relación bilateral, a todos los niveles, que los kurdos pudieran reunirse allí.

Tras la admisión del recurso por parte del Constitucional, el portavoz del Gobierno, Josep Pique, pidió ayer al Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe que "reflexione".

A su vez, el portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular, José María Robles Fraga, ironizó con que "ahora sólo falta que [los nacionalistas vascos] inviten a Milosevic [Slobodan, el presidente de Yugoslavia] a dar una conferencia" y subrayó que han hecho "un gran ridículo" al buscarse "a los amigos más feos de Europa, los terroristas del PKK [Partido de los Trabajadores del Kurdistán].

Un "dislate político"

Por su parte, el PSOE, a través de su diputada Amparo Rubiales", aseguró que el tribunal ha actuado de forma "lógica y razonable" y ha evitado "un dislate político" que podría haber tenido "consecuencias profundas y difíciles".La presidencia del Parlamento vasco valoró que la admisión a trámite de la demanda del Gobierno "no supone que se haya juzgado el fondo del asunto". Así, presentará un escrito de alegaciones ante el Constitucional una vez que su presidente, Juan María Atutxa, reciba de manera oficial su decisión.

Fuentes cercanas a esa presidencia manifestaron que el acuerdo del tribunal "no constituye ninguna sorpresa" e insistieron en que la suspensión, mientras se resuelve el asunto, "simplemente supone la aplicación automática de la Ley".

"Todos los que estamos en este asunto", adujeron, "ya sabíamos que la admisión a trámite lleva emparejada la suspensión y que el tribunal tiene cinco meses para pronunciarse. Lo que no puede hacerse es venderlo como si se hubiera juzgado el fondo del asunto porque no es así".

La portavoz de justicia del PNV en el Congreso, Margarita Uría, también aseguró que no le ha sorprendido la decisión del tribunal de admitir a trámite el recurso si cumple los requisitos legales, pero criticó la "torpeza política" que, a su juicio, ha cometido el Gobierno de José María Aznar.

Uría agregó que no le parece "ni bien ni mal" la decisión del Constitucional, pero consideró que el resultado final deberá ser que no existe inconstitucionalidad en la decisión de la Cámara de Vitoria.

Sobre la suspensión cautelar, Uría concretó que "la mera alegación por parte del Gobierno implica eso" y lamentó que el Ejecutivo cuente con esa "ventaja" sobre las comunidades autónomas.

A su vez, Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, criticó que se estén "judicializando" las que, en su criterio, son meras discrepancias políticas.