La futura ley de vivienda de protección oficial incidirá en la calidad de la edificación

El Gobierno vasco elaborará una nueva ley de vivienda de protección oficial que recoja aspectos que la actual normativa estatal no prevé. Así, la futura norma introducirá un nuevo enfoque sobre la protección y se centrará en la calidad de las edificaciones. El consejero de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Patxi Ormazabal, planteó ayer en el Parlamento vasco sus intenciones para la legislatura que acaba de comenzar. Ormazabal adelantó que en el campo de las viviendas protegidas es necesario simplificar la actual regulación y definir el papel de los agentes promotores y de los sistemas de protección. Además, también insistió en la idea de actualizar la regulación de infracciones y sanciones. El departamento tiene previsto impulsar la política de vivienda en régimen de alquiler. Entre otras medidas, el consejero avanzó la de dirigir el 100% de la promoción pública de pisos hacia el alquiler y crear una sociedad específica operadora de alquiler que promoverá viviendas protegidas bajo este régimen -asumiendo asimismo su gestión-. La consejería acometerá una remodelación en profundidad del sistema de ayudas a la adquisición y rehabilitación de viviendas. La intención del Gobierno es sustituir la subsidiación de tipos de interés que realiza por subvenciones a fondo perdido que dada la actual situación del mercado -con unos tipos de interés muy bajos- pueden resultar más atractivos para los adquirientes. Entre los planes del departamento figura el de redactar la ley del Suelo, aunque el consejero se mostró muy cauto y ni siquiera quiso barajar la fecha en la que podría entregarse el proyecto de ley al Parlamento. Por su parte, el consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Sabin Intxaurraga, también se acercó hasta la Cámara para detallar las directrices que seguirá en los próximos cuatro años de mandato. El principal reto de la consejería se centra en alcanzar la tasa de paro de la UE, que ronda el 10,8% frente al 16,4% de Euskadi. Para conseguir este empeño, Intxaurraga aseguró que el Gobierno va a apoyar los acuerdos suscritos en el Consejo de Relaciones Laborales, entre los que destacan el contrato de sustitución, la reducción de la semana laboral y la eliminación de las horas extraordinarias.