Pensiones andaluzas

EL GOBIERNO considera que la Junta de Andalucía carece de competencias para elevar unilateralmente la cuantía de las pensiones asistenciales y acusa al Ejecutivo que preside Chaves de romper, por motivos electoralistas, los criterios del Pacto de Toledo. Lo primero es bastante más discutible que lo segundo.El Consejo de Ministros acordó la semana pasada recurrir el decreto de la Junta que fijaba un complemento para las pensiones asistenciales y no contributivas con cargo al presupuesto de la comunidad andaluza. La subida supondrá unas 9.400 pesetas al año por persona; es decir, unas 750 al mes. El argumento de Chaves es que la buena coyuntura económica permite y hace moralmente obligado intentar mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos: las personas que por no haber cotizado o no haberlo hecho en cuantía suficiente no tienen derecho a pensiones contributivas; se trata de pensiones entre 25.000 y 36.000 pesetas.

Desde el PP se argumenta que la fijación de las pensiones es competencia exclusiva del Estado y que, por tanto, la Junta no puede mover unilateralmente su cuantía. Lo que dice la Constitución es que el régimen económico de la Seguridad Social es competencia estatal; pero no es evidente que las pensiones asistenciales, que no se financian con las cotizaciones, formen parte de la Seguridad Social. El Gobierno andaluz sostiene que más bien pertenecen al campo asistencial: lo que antiguamente se denominaba beneficencia pública. La autonomía en el gasto que se reconoce a las comunidades permitiría destinar una cantidad mayor a ese tipo de necesidades sociales que a otros destinos, siempre que el monto global no desborde los compromisos en materia de déficit.

El argumento es difícilmente impugnable: las prioridades en el gasto constituyen un rasgo esencial de la competencia entre partidos, y es lógico que también se proyecte en las autonomías. Una formación nacionalista o regionalista tal vez prefiera gastar más en actividades culturales o lingüísticas que en pensiones, y una de derechas, más en infraestructuras, etcétera. En las elecciones, los ciudadanos optan por un sistema de prioridades en el gasto. Y es bastante lógico que en Andalucía, la comunidad española con mayor desempleo y una de las de menor renta, un partido de izquierdas proponga subir las pensiones asistenciales, aunque ello suponga recortar gasto en otras necesidades.

Afirmar que eso es electoralismo resulta casi tautológico. Por supuesto que ésa es la intención, pero la experiencia indica que los votantes no siempre comparten los criterios de los políticos sobre lo que es electoralista y lo que no; a veces, el electorado castiga las actitudes percibidas como oportunistas o demagógicas.

Otra cosa es si quiebra o no el acuerdo de Toledo. Tal vez no lo haga formalmente, en la medida en que no afecta a la unidad de caja de la Seguridad Social, pero desde luego sí su espíritu. Lo acordado hace cuatro años, a instancia de los socialistas, fue que los partidos renunciaban a las pensiones como arma de combate político. Se consideraba que ello constituía una garantía frente a tentaciones demagógicas, por una parte, o abandonistas -a la chilena-, por otra. Pero cuando el Gobierno del PP subió las pensiones en los dos últimos años por encima del IPC real, también ponía en cuestión el Pacto de Toledo.

Que un partido de izquierda renuncie a defender una política propia en materia de pensiones implica un cierto contrasentido. La contradicción se ha evidenciado en el terreno autonómico y en virtud de la fuerte inclinación electoralista de Chaves; pero no deja de obedecer a fuertes motivaciones sociales: si no se aprovechan momentos de fuerte crecimiento económico como los actuales, ¿cuándo iba a abordarse la mejora de esas pensiones de subsistencia?