Militantes del PP de Orihuela se "avergüenzan" de los escándalos que protagoniza su partido
Los juzgados de Orihuela investigan cinco casos de corrupción presuntamente cometidos en el Ayuntamiento. Cuatro de ellos afectan al ex alcalde y ex consejero Luis Fernando Cartagena, según certificó el secretario del Ayuntamiento a la comisión especial creada para indagar la gestión del PP desde 1986. La inestabilidad política de Orihuela, gobernada ahora en minoría por el PP, y los escándalos hacen reinar el desconcierto, incluso entre militantes del PP, que afirman sentir "vergüenza" ante la situación.
La inestabilidad política -el PP gobierna en minoría tras el pase de los cinco ediles críticos al Grupo Mixto- y las corruptelas que salpican la gestión municipal han propiciado un generalizado hartazgo ciudadano. El abogado y ex concejal del PP Aníbal Bueno, ex vicepresidente del partido y actual militante, tacha la situación de "vergonzosa y lamentable". Considera que con "todo lo que está aflorando en los periódicos uno siente vergüenza de ser de Orihuela, y mucho más de pertenecer al PP local". Para el profesor y miembro de la comisión Pro-Campus José Antonio Muñoz Grau, la actuación del PP desde la época de Cartagena es tan oscura y sospechosa que si repiten en las listas algunas de las cabezas que lideran el Ayuntamiento sería un "insulto a la democracia y a los ciudadanos". A su juicio, los actuales gobernantes han perdido la credibilidad. "La sensación es que estamos gobernados por personas sin escrúpulos", dice. Muñoz compara el PP de Orihuela con un consejo de administración de varias empresas muy significativas y muy beneficiadas "por la actuación política de estos señores". En opinión de Antonio Franco, presidente de las fiestas de Moros y Cristianos, la degradación política que sufre la ciudad es un hecho. "Los ciudadanos ya no sabemos lo que hay de verdad en todo este embrollo", matiza. A su entender, "quien tenga que rendir cuenta en el juzgado, que lo haga", pero que "termine ya esta situación que ha convertido a Orihuela en el hazmerreír de toda la Comunidad Valenciana". "El hecho de que esta ciudad salga en los medios de comunicación casi exclusivamente por motivos de malversación, amiguismo o mala gestión de nuestros dirigentes es deprimente", dice el presidente de Unión Valenciana en Orihuela, Antonio Tafalla. Alfonso Gálvez, comerciante y militante del PP, observa, por su parte, que en la ciudad no hay dirección política y echa en falta mayor respaldo de los altos dirigentes regionales del partido. Fue el grupo municipal socialista quien puso los hechos en conocimiento del ministerio público tras las denuncias que lanzaron contra Cartagena los cinco ediles críticos del PP, expulsados y apartados del equipo de gobierno. En los juzgados ya han prestado declaración Luis Fernando Cartagena -quien dimitió como consejero de Obras Públicas cuando las pruebas que apuntaban a su supuesta implicación en el caso de las cesiones de crédito del banco Santander se amontonaron-, y el actual regidor del municipio, José Manuel Medina. La instrucción judicial será larga. Lista de casos La lista de casos abiertos se inicia con la supuesta apropiación indebida, por parte de Cartagena, de más de ocho millones de pesetas que las monjas del antiguo hospital municipal de San Juan de Dios entregaron a un concejal del PP, Mariano Ferrández, una vez que el centro liquidó su actividad. Este edil aseguró en el juzgado que el destinatario final de los fondos fue Cartagena. La constatación de que ese dinero no se contabilizara en el Ayuntamiento es una de las primeras conclusiones de la comisión municipal de investigación. En su declaración judicial, Cartagena argumentó que los fondos se destinaron a fines sociales, en concreto a la compra y derribo de varias viviendas de la calle de Arriba, un barrio humilde de la ciudad. Para acreditarlo presentó facturas de las obras, contratadas a mercantil Limplac, SL, propiedad de Ángel Fenoll, omnipresente empresario vinculado al PP local que ha sido beneficiario de suculentas contratas municipales. Precisamente en la calle de Arriba Fenoll comerció con voluntades políticas. Un juzgado le condenó por comprar votos por correo para el PP a personas humildes de este barrio. Eran vísperas de las elecciones de 1991, en las que Cartagena barrió. Los jueces de Orihuela, en otra de las causas abiertas, tratan de averiguar si Cartagena se quedó con buena parte del dinero que el concejal crítico Jesús Ferrández dice que recaudó de varias empresas en vísperas de las elecciones de 1995. Ferrández sostiene que obtuvo de distintos empresarios 68 millones de pesetas para el partido. Al juzgado también llegó otra supuesta apropiación indebida por parte de Cartagena, que denunció otro de los concejales críticos, José Esquiva. Según declaró, una treintena de simpatizantes del partido invitaron al ex alcalde a comer. Pagaron a escote, pero Cartagena guardó la factura para pasarla como gastos de representación. La adjudicación del servicio de limpieza y recogida de la basura de la zona costera a la empresa Colsur, propiedad de Fenoll, es también motivo de indagación judicial. Igualmente lo es la extorsión que presuntamente realizó el secretario del Ayuntamiento a un promotor oriolano, a quien supuestamente reclamó 200 millones por tramitar una actuación urbanística.
