Taifas
Contra pronóstico, los lores de la ley han decidido por mayoría hacer honor a la institución británica del Common Law, que antepone la primacía de los derechos civiles sobre cualquier principio de soberanía. Habría resultado chocante que el mismo Parlamento que hace 349 años ordenó ejecutar a Carlos I Estuardo reconociese ahora la inmunidad de un dictador papista. Y, como no fue así, con esta sentencia histórica adquiere un impulso decisivo la necesaria globalización de la justicia. Pero surge entre nosotros la paradoja de que, mientras la Audiencia Nacional reclama jurisdicción extraterritorial, la escena política española se territorializa cada día más.Así sucede en el primer partido de la oposición, que, ante el vacío de poder causado por su orfandad de liderazgo, ha recurrido al poder fáctico de los triunviros de la Bética, disolviendo la jerarquía federal en una mera confederación de taifas. Pero algo parecido sucede en España, que con Aznar está entrando en un proceso de creciente centrifugación territorial. Es el precio de apoyo que prestan los nacionalismos periféricos a la difícil gobernabilidad del Estado de las Autonomías, que cada vez se parece más no al Imperio Austro-húngaro, sino al mosaico de Reinos de Taifas en que degeneró el Califato de Córdoba. ¿Habrá que echar de menos al señor González como último califa vertebrador de una España en vías de desarticulación y desguace?
El último episodio de esta escalada territorial lo ha protagonizado el porfiado Pujol al reclamar un ajuste de cuentas fiscales para equilibrar el saldo catalán. La cuestión es compleja pero, para simplificarla, reduzcamos el problema a los términos planteados por Pujol, para quien "los catalanes pagan un 20% por encima de la media española y reciben un 17% por debajo". Pues bien, es justo que así sea, ya que si el catalán paga más impuestos y percibe menor protección es porque genera más renta: así que noblesse oblige. Otra cosa es quién deba gestionar políticamente esa mayor presión fiscal: si la Hacienda española o la catalana. Pero ¿tendría sentido que un sindicato de rentistas reclamase la cesión del 100% de su contribución fiscal?
Éste es el verdadero dilema. Para la teoría neoclásica, según el modelo del free rider propuesto por el desaparecido Mancur Olson, la acción colectiva sólo es posible si las partes perciben incentivos selectivos proporcionales a su participación: y tales incentivos han de ser suministrados por el empresario político responsable de la coordinación. Al aplicar este modelo a la organización territorial del Estado autonómico, suele pensarse que el poder central debe atraer a los poderes periféricos tratándoles como a clientes o usuarios, lo que implica pagar con incentivos selectivos el precio de su corresponsabilidad. Y el ejemplo extremo es el concierto vasco, al que ahora aspira Pujol.
Pero así se hace posible que el cliente se desinterese de la suerte que pueda correr el negocio, según demuestra el propio ejemplo vasco. Sólo quien paga se compromete con la propiedad que adquiere, pues el usuario de los servicios gratuitos tiende a despreciarlos. Y de lo que se trata es de lograr que se cumpla la máxima de Pujol: "Lo que es bueno para España es bueno también para Cataluña". Lo cual exige un método opuesto al concierto vasco, haciendo del fisco catalán no un mero cliente de la empresa España, SA, sino un socio elevado a la categoría de copropietario del común negocio español. Entendido así, el saldo fiscal catalán equivale a suscribir una ampliación del capital de España, SL: una inversión empresarial en el común futuro español.
Por eso, en la relectura de la Constitución que ahora se propone, convendría cerrar de una vez la apertura del modelo autonómico sustituyendo la excepción del concierto vasco por un método como el catalán actual (lo que quizá exigiría ofrecer a cambio el derecho de autodeterminación), pero elevando la corresponsabilidad fiscal hasta el 50% (de acuerdo a la regla Olson). Sólo así resultaría cierto que lo bueno para España sea también para Euskadi igualmente bueno.
