El juez exculpa a los imputados por malversación en el "caso Meliá"
La compra de la tercera fase del hotel Meliá de Alicante por parte de la Autoridad Portuaria no acabará en juicio. La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la operación ha finalizado de forma favorable para dos de los principales imputados: el ex presidente de Puertos del Estado Fernando Palao y el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante Ángel Cuesta, que desde el viernes están libres de las acusaciones de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos oficiales que pesaban sobre ellos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, que investiga el caso Meliá, denunciado por un particular cuya identidad se desconoce, dictó el viernes un auto que exculpa a los imputados de estos hechos, y mantiene una imputación de fraude a la Hacienda Pública contra el empresario Manuel Ferry, que participó en la operación en calidad de vendedor. La compra del inmueble se verificó en marzo de 1996 por 1.874 millones de pesetas procedentes de las arcas del Estado, mediante transferencias ordenadas por Fernando Palao. El propio Cuesta confirmó anoche la noticia de su exculpación, que le fue comunicada por su abogado a la vuelta de un viaje, aunque no será hasta hoy cuando conozca el contenido del auto y valore el proceso. "No me sorprende. Siempre he mantenido que las imputaciones eran falsas y ahora se ha comprobado", comentó. La investigación judicial había levantado expectación en la ciudad. La compra del inmueble, sin especificarse el destino que un puerto podía dar al edificio, levantó una fuerte polémica por la forma en que se llevó a cabo, apenas unos días antes de que el PSOE abandonara el poder tras salir derrotado en las urnas en las últimas elecciones generales, que dieron el triunfo al PP. Antes de comenzar la investigación, en principio abierta de oficio por la fiscalía y después trasladada al juzgado tras presentarse una denuncia formal, medió un informe realizado por auditores de la Intervención General del Estado, que revelaba que la transacción se llevó a cabo, con fondos públicos, sin contar con las autorizaciones pertinentes y manteniendo en el engaño a los integrantes del Consejo de Administración del Puerto de Alicante. Ese informe, al que posteriormente se sumaron otros, significaba que no existía justificación alguna para la compra, que calificaba de "compleja" por la cantidad de endosos, cheques, escrituras y actas notariales que integran el expediente. Conforme pasaban los meses, y una vez apartado Ángel Cuesta de la Autoridad Portuaria, su sucesor, Mario Flores, ha dado cuenta de presuntas irregularidades anteriores a su gestión, entre las que destacó el hecho de que las propiedades escrituradas y pagadas no correspondían a las dimensiones reales. La operación Meliá tenía todos los ingredientes para convertirse en un gran escándalo financiero, y de hecho así la presentaban los partidos a la izquierda del PSPV y el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Mario Flores, nombrado por el PP, que insistía en la comisión de irregularidades administrativas, pero no valoraba posibles consecuencias penales. Sin entrar en ese terreno, Flores declaró en octubre de 1996 que con la compra se habían incumplido "todas las normas de contratación de Puertos del Estado". Meses más tarde, el puerto puso a la venta el inmueble para recuperar el dinero, pero todavía no ha podido desprenderse de esa propiedad que, en opinión de Flores, carece de utilidad. Cuando el fiscal Ricard Cabedo anunció la apertura de diligencias, la agrupación del PSPV planteó la inmediata expulsión de Ángel Cuesta del partido, decisión a la que éste se adelantó presentando la baja como militante.
