Curiosidades
ADOLF BELTRAN Curioso: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que avala la segregación de centros de la Universidad de Alicante para incorporarlos a la nueva Universidad Miguel Hernández, de Elche, se dio a conocer el mismo día y a la misma hora en que Andrés Pedreño, rector de la institución afectada, daba inicio al acto solemne de apertura de curso. Para que nos entendamos, la sentencia establece, con el voto particular en contra de uno de los magistrados, que la Generalitat puede quitarle a la Universidad de Alicante una facultad ubicada en Sant Joan e incorporarla a otra institución, radicada en Elche. Es lógico que el Consell presidido por Eduardo Zaplana, que ha convertido a Pedreño casi en persona non grata, utilizara el fallo judicial como bandera. Sin embargo, haría bien en no excederse. Las dudas sobre la constitucionalidad de la medida persisten. Como destaca el magistrado discrepante, la motivación objetiva de la readscripción de centros sigue pareciendo endeble. El Tribunal Constitucional tendrá que dilucidarlo, en respuesta al recurso presentado en su día por los socialistas. Curioso: el argumento del consejero de Economía, José Luis Olivas, para defender que las inversiones del Estado en territorio valenciano no descienden, como indican las cifras, sino que crecen. Según Olivas, hay que contabilizar, junto a las inversiones reales, las transferencias finalistas y el pago alemán, que aplaza el desembolso del dinero al término de las obras encargadas. Más allá de que no hacía así las cuentas el PP cuando estaba en la oposición, destaca una especie de cuadratura del círculo que el Consell aplica también a su propia gestión. Gracias a ella, determinados gastos se difieren (con endeudamientos de instituciones interpuestas, como universidades, ayuntamientos o diputaciones) hasta bien entrado el siglo XXI y no computan como deuda pública del gobierno de Zaplana, pero sí que se contabilizan en el activo de inversiones. Es, sin duda, una singular manera de aumentar la inversión sin endeudarse. Así, cualquiera. Más que curioso, vergonzoso: el panorama que el Tribunal de Cuentas ha dibujado de la gestión de los cursos de formación en la Confederación Empresarial Valenciana entre 1993 y 1995, cuando la presidía José María Jiménez de Laiglesia y la controlaba, con mano de hierro, desde la secretaría general, Luis Espinosa. Si lo que describe el organismo fiscalizador se confirma (facturas duplicadas, cobro de cursos que no existieron...), estamos sencillamente ante una estafa de 191 millones. ¿Va a pedir alguien responsabilidades? ¿Se imaginan que esa actuación se atribuyera a un partido político? ¿No hay ningún empresario escandalizado por lo sucedido en el seno de su organización? La vida valenciana está llena de curiosidades.
