El estado de Pujol
El mismo día en que el rey Juan Carlos recordaba ante el Parlamento italiano que la Constitución española "ampara y desarrolla un marco amplísimo de libertades y derechos individuales y colectivos", el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, abogaba en el Parlamento catalán por un incremento de poder para Cataluña mediante la apertura de "un periodo que, con reforma de la Constitución o sin ella, será constituyente, en mayor o menor medida". Esta declaración, anunciada como el programa para los próximos diez años, tuvo como solemne marco el debate anual de política general del Parlamento de Cataluña, una sesión dedicada en principio a analizar el curso del Gobierno catalán y a suscitar el debate alrededor de su gestión.Dos hechos han obligado a Pujol a olvidarse de los balances y de los asuntos corrientes sobre los que debería centrarse la controversia para adentrarse en el programa a medio plazo, o, como él mismo señaló, en el poder y no en la gestión. El primero es la proximidad de las elecciones autonómicas, en las que deberá demostrar que, tras cinco legislaturas al frente del Gobierno de Cataluña, cuenta con energías y con ideas para obtener una nueva mayoría y plantarse en el siglo XXI como presidente catalán. El segundo es la tregua de ETA y su temor a que el nacionalismo catalán quede descolgado de los acuerdos que puedan producirse entre el PP y el PNV.
Todo lo que sirva para recordar que lleva 18 años en el poder no hace más que subrayar, además de su edad, el desfile de oportunidades perdidas para mejorar la financiación, la gestión y la administración de la autonomía y de los recursos de todos los catalanes. Después de haber gobernado con mayoría relativa y absoluta, en coalición y en solitario, pactando con el Gobierno central a izquierda y derecha, queda muy poco margen para proyectar sobre otros o sobre las reglas de juego las responsabilidades propias. Y más todavía si se arrastra una deuda tan descomunal -más de billón y medio de pesetas- como es el caso del Gobierno catalán.
La teoría según la cual el objetivo principal de la actividad política consiste en ampliar las propias competencias y no en gestionar lo mejor posible aquellas de que se dispone es tan cara a los nacionalistas como discutible. Da pie a desautorizar el control y la crítica de la gestión de gobierno, cuyos fallos hay que achacar siempre a deficiencias del sistema; y conduce a la irresponsabilidad y al endeudamiento sin límites.
Pujol no quiere que sus reivindicaciones aparezcan a rebufo de la tregua de ETA, ni tampoco quiere declarar -como Arzalluz de los vascos- que los catalanes no caben en la Constitución. Pero, si elude discutir sobre la gestión de su Gobierno y prefiere hablar en términos de poder, es porque hay tregua y porque el líder del PNV ha clamado por una nueva transición. En realidad, Pujol quiere ambas cosas a la vez: aprovechar la tregua sin que se diga y abrir una segunda transición sin renunciar al balance positivo de la primera, o, en términos de sus relaciones con el Gobierno, aprobar los Presupuestos de 1999 pero enfrentarse con el PP en la nueva política autonómica.
La Cataluña dibujada por Pujol, a diferencia de la Euskadi de Arzalluz, sí cabe en la Constitución, pero en una Constitución reformada o sometida a una lectura muy autonomista, que convierte a la Generalitat catalana en la administración única del Estado en el territorio catalán, le confiere competencias exclusivas en ámbitos como el derecho civil, la lengua y la cultura, hasta dar capacidad de acuerdos y representación internacionales y queda limitada, en palabras de Pujol, sólo por los poderes que "garantizan la cohesión del Estado, la conducción de la política macroeconómica y la actuación internacional".
El discurso de Pujol, a pesar de sus contradicciones, abre formalmente una nueva etapa de reivindicaciones nacionalistas. Muchas de ellas ya se conocían, pero se hallaban todavía en fase preliminar de debate interno o meramente intelectual. Ahora empiezan a tomar forma política en el Parlamento y pueden ser objeto de controversia pública. Pero lo que es revelador es que la oposición, a derecha e izquierda, la más catalanista y la menos, lejos de creer en sus propuestas y de entrar a discutirlas, ha visto en su discurso pretendidamente futurista e ilusionante una cortina de humo para no hablar de los desagradables problemas de la gestión diaria y también un síntoma de agotamiento y de final de partida: como si este veterano político buscara en la segunda transición un objeto flotante al que agarrarse para seguir cuatro años más al frente de su Gobierno.
