La hora del 'capitán Timo'

José Manuel Quintía Barreiros nunca llegaba solo a sus compromisos. Ya fuese una reunión con generales en el hotel Ritz para tratar el futuro del Casino Militar o una cita empresarial en un bar de la calle de Espronceda, siempre le acompañaba un malencarado grupo de guardaespaldas y una flotilla de Mercedes blancos y azules coronados con una banderita de España en el alerón.Todo un despliegue de poder, bien aliñado con falsos documentos oficiales con el sello de secreto, que en menos de dos años le elevó a ojos de empresarios y militares en poseedor de una información tan privilegiada como enriquecedora. O tan engañosa. A Quintía hubo quien le saludó como José Manuel Cervera de la Prada, capitán de fragata; otros lo hicieron como José Manuel Salas Prieto, capitán de navío; algunos más, como José Manuel Losada, coronel del Cesid y asesor del ministro de Defensa, y unos pocos, como José Manuel Argiz de España, capitán de navío, marqués de Villarias y caballero de la Orden de Yuste. El poliédrico Quintía, considerado por fuentes policiales como uno de los avezados timadores de la capital, se sentará hoy en el banquillo de la Sección XV de la Audiencia de Madrid para enfrentarse a una acusación fiscal de 10 años de cárcel por falsedad y estafa. Junto a él desfilarán otros siete acusados -Manuel y Francisco Argiz Fonseca, Alejandro de la Mata, Luis Vega Antuña, Joaquín Muñoz Casillas, José Gutiérrez de la Rosa y Manuel Prieto- de participar en una trama urdida por Quintía y con la que supuestamente consiguió estafar 1.300 millones de pesetas con el señuelo de suculentos negocios de intermediación con el Ministerio de Defensa. Éste es un resumen, basado en el escrito fiscal, de dos de sus presuntos timos.

Llegan los fondos reservados. Mayo de 1991. José Manuel Quintía Barreiros se vistió de capitán de fragata y con el nombre de José Manuel Cervera de Prada llegó en un Mercedes con banderita de España en el alerón a la puerta de la empresa RM. Cuatro guardaespaldas, identificados como agentes de la Guardia Civil por el falso marino, le precedieron. En la tienda compró 132 teléfonos, así como decenas de aparatos de radio para su flotilla de Mercedes. Todo pagado al contado y con dinero procedente de los fondos reservados del Ministerio del Interior, como no se cansaba de recordar Cervera de Prada. No fue la primera operación que cerró con aquella empresa. Hubo más, hasta un monto de 102 millones de pesetas, y con ellas, como recuerda el fiscal, empezó a ganarse la confianza del gerente. Sobre todo desde el momento en que en 28 facturas figuraban como destinatarios un "teniente coronel de Intendencia jefe de la Habilitación General del Ministerio de Defensa" o un "comandante habilitado del Cuarto Militar, palacio de la Zarzuela".

Tanto relumbrón permitió a Quintía convencer al gerente de que él tenía mano para conseguirle en las bases estadounidenses los mismos productos que vendía su empresa y a un coste menor. Es más, le hizo saber que luego esos materiales podían ser revendidos al Ministerio de Defensa. En fin, recibió 20 millones de pesetas para la compra de esas gangas. Como pincelada realista, en los últimos días de su relación, Cervera de Prada comunicó al gerente que le habían ascendido a capitán de navío. Y así, con los millones, desapareció.

Marino en Villalbilla. Enero de 1992. Quintía Barreiros, siempre según el fiscal, dirigió la escena vestido con el azul rabioso del uniforme de capitán de fragata y bajo el nombre de José Manuel Salas Prieto. El timo fue bien sencillo. El capitán, haciéndose pasar por un enviado de Defensa, ofrecía una operación redonda: el ministerio estaba interesado en una finca de 117.690 metros cuadrados ubicada en Villalbilla. Pero había un escollo: el propietario, según contaba el impostor, se negaba por motivos ideológicos a vender el terreno a militares. Buscaba, pues, a alguien que hiciese de intermediario, comprase el suelo y luego lo revendiese a Defensa. Los beneficios eran astronómicos: la finca se podía comprar a 2.600 pesetas el metro cuadrado (306 millones de pesetas) y Defensa estaba dispuesta a pagar 3.900 pesetas el metro (458 millones). La diferencia se repartiría entre el intermediario y Quintía.

El feliz inversor apareció bien pronto: era el administrador único de una empresa dedicada a las transacciones inmobiliarias. Para evitar suspicacias y rematar la estafa, el falso capitán de fragata afinó su mascarada. Mientras uno de sus compañeros aparecía como propietario del terreno, él blandió un falso documento del Ministerio de Defensa, donde el "alto mando" le confería el poder para iniciar los "trámites de formalización de la compra descrita en el llamado expediente número 114/92, comisión del proyecto Alfa, recta 2". Es decir, la finca de Villalbilla.

El 13 de febrero de 1992, el inversor firmó el contrato. Pagó en efectivo 156 millones de pesetas y acordó pagar en sucesivos talones 50 millones, 36 millones y 64 millones. En total, 306 millones. La supuesta estafa iba sobre ruedas cuando el capitán tuvo que improvisar. El inversor, al verse con problemas para satisfacer el segundo cheque (50 millones), propuso al militar que Defensa le adelantara el dinero. Para mantener la ficción, Quintía citó el 16 de marzo de 1992 al comprador en una cafetería de la calle de Espronceda. Llegó en un Mercedes negro, acompañado de un nube de escoltas con cara de pedernal. Allí mismo le hizo entrega de un maletín con los 50 millones. Lo que no sabía el comprador era que la suma procedía de su propio dinero.

El siguiente problema, siempre según el fiscal, llegó cuando, satisfechos los pagos, no se elevó a escritura pública la supuesta compraventa. En un intento de desviar la atención, el capitán propuso un nuevo negocio con Defensa a su cliente. En esta ocasión se trataba de la adquisición de un millón de sábanas para las Fuerzas Armadas. Se trataba de una adjudicación directa, a cargo de los fondos reservados. El pelotazo, bien engrasado con todo tipo de documentación militar con el sello de reservado, consistía en este caso en que el capitán compraría a las Fuerzas Armadas de Portugal el millón de sábanas a cambio de munición y equipamiento militar. Luego las vendería a su inversor por 1.390 millones y éste las revendería a Defensa por 1.790 millones. La víctima, nuevamente, picó y desembolsó 900 millones de pesetas. En total, la supuesta estafa se elevó entre ambos golpes a 1.200 millones.