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El Consell tendría personal para 38 juzgados más con las horas perdidas por los funcionarios

La pésima opinión que la sociedad tiene de la Justicia, una de las instituciones peor valoradas en las encuestas sociológicas, ha sido reforzada con un nuevo dato: Los funcionarios de esta Administración, incluidos los valencianos, trabajan una media de cinco horas semanales menos de las que marca su jornada laboral. Según un estudio realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la recuperación del horario incumplido sería suficiente para atender el funcionamiento de otros 38 juzgados en la Comunidad Valenciana. Actualmente, hay 267 instancias.

Las conclusiones de la inspección realizada por el CGPJ en 100 juzgados españoles, incluídos varias de Benalúa (Alicante), no dejan lugar a dudas: los funcionarios de la Administración de Justicia, cuya jornada semanal es de 37,5 horas, dejan de trabajar al menos cinco horas cada siete días. El muestreo del órgano del Poder Judicial, que no tiene competencias en el control de horarios, reservado, en el caso de la Comunidad Valenciana, a la Generalitat, revela que los trabajadores incumplen su jornada laboral de manera "extendida y generalizada", por lo que propone crear "una cultura del horario" entre el personal de esta Administración. La extrapolación en la Comunidad Valenciana de los datos facilitados por el CGPJ indica que los funcionarios pierden 5.500 horas por semana, tiempo suficiente para atender las necesidades de 38 juzgados de nueva creación. Actualmente, 3.238 funcionarios están destinados en las 267 instancias judiciales de la Comunidad Valenciana. No obstante, la reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. Todas las organizaciones sindicales han arremetido contra el órgano de gobierno de la judicatura por "tratar de reducir la mala organización" de la Justicia a "una presunta falta del cumplimiento del horario"(CSIF) o intentar "dañar gravemente" el prestigio de los trabajadores y así recuperar el de los jueces (CC OO). UGT ha ido más lejos al preguntar, en referencia a los magistrados, "¿cómo pueden trabajar los funcionarios de la Administración a horas en que sus jefes no se encuentran en sus despachos?". Los secretarios judiciales, son los encargados de controlar el horario de los trabajadores, aunque, según el CGPJ, esta función no se ejecuta con "el necesario rigor", entre otras cosas, por el "desentendimiento" de los responsables de la supervisión. Los secretarios judiciales de Valencia mantendrán una reunión el lunes para analizar el informe del Poder Judicial. Mientras, el subsecretario de Justicia de la Generalitat, Eloy Velasco, ha remitido una circular a cerca de 300 jueces de la Comunidad Valenciana para que procedan a controlar el cumplimiento de los horarios, que sobre el papel debe ser verificado con partes de firma o un sistema de fichas. En la práctica, en casi ninguna instancia se utilizan los sistemas de control previstos en la ley.

El caos de la oficina judicial

Según el CGPJ, los funcionarios no cumplen su horario de trabajo. En opinión de los sindicatos, sus superiores (magistrados y secretarios), tampoco. De todas formas, el conflicto en este punto se convierte en unanimidad a la hora de denostar el funcionamiento de la oficina judicial, el espacio en el que jueces, secretarios y demás trabajadores (oficiales, auxiliares y agentes judiciales) trabajan para resolver los litigios de los ciudadanos. Sólo en la Comunidad Valenciana, 1997 se cerró con casi un cuarto de millón de asuntos pendientes de resolución. En opinión de Fernando de Rosa, decano de los jueces de Valencia, "la oficina judicial tiene un diseño anacrónico y totalmente inadecuado". Eloy Velasco, juez en excedencia, comparte esta opinión, y apuesta por una nueva concepción de esta instancia, basada, entre otras cosas, en una nueva proporción entre jueces y funcionarios, actualmente de uno a 10. Los funcionarios, por su parte, recuerdan que asumen de manera cotidiana funciones reservadas de manera exclusiva a sus superiores y lamentan que el eslabón más débil de la cadena sea culpabilizado de los graves (y estructurales) problemas de la Justicia.

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