El fiscal jefe de Vitoria niega haber sido informado sobre las escuchas ilegales
El inspector de policía acusado de participar en escuchas ilegales junto a responsables de la empresa de seguridad Aupari aseguró en el juicio celebrado ayer que el fiscal jefe de Vitoria tenía conocimiento del hecho, y que en una de las reuniones que mantenía con él de manera regular le entregó una cinta grabada y unos listados mensafónicos de clientes de la firma. El fiscal, que declaró en calidad de testigo, negó estos hechos aunque reconoció que se entrevistaba con el jefe antidroga para tratar sobre investigaciones policiales.
La vista oral se inició con la petición por parte del abogado defensor del inspector de policía Pedro Gerardo G.F., jefe del Grupo de Estupefacientes en el momento de los hechos -los años 1993 y 94- de la nulidad de todas las pruebas contra su defendido por un "vicio" procesal de origen. El letrado acusó al juez instructor de haber basado toda una investigación en la que se incluían imputaciones sobre tráfico de drogas y prostitución en unos rumores de los que se había hecho eco la brigada de asuntos internos del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid sobre la base de un anónimo. Cuatro de los cinco procedimientos abiertos contra el inspector en mayo de 1994, asuntos que motivaron su ingreso temporal en prisión, fueron archivados hace dos meses y sólo queda pendiente el caso de las escuchas ilegales. Pedro Gerardo G. F. destacó que las escuchas telefónicas a las que había sometido el gerente de la empresa de seguridad Aupari a uno de sus empleados estaban basadas en la sospecha de que este traficaba con drogas. En las cintas grabadas aparecían nombres de dos conocidos traficantes, razón por la que Ignacio Luis B.M. puso las grabaciones en manos del inspector con el que le unía una fuerte amistad personal. Tanto las cintas como un listado de mensajes de clientes de la empresa, según el policía, fueron entregados al fiscal, con el que mantenía reuniones "semanales". "Siempre me he llevado bien con Aya", aseguró el agente. "Además creía que era totalmente legal, ya que las grabaciones se hicieron en el despacho privado del gerente de Aupari y a través de su propio teléfono", adujo. Desmentido de Aya El fiscal jefe negó haber recibido de manos de Pedro Gerardo las cintas y los listados. "Despachábamos con cierta frecuencia, pero no puso en mi conocimiento la aparición de estos nombres [los de los presuntos traficantes de droga] en las cintas ni me las entregó", indicó el representante del ministerio público. Aya recordó que en aquella época se detectó la apertura de una nueva vía, "más profesional", de venta de estupefacientes procedente de Pamplona, y que los sospechosos "estaban en cartera" para ser investigados. La existencia de un escáner en las dependencias de la empresa Aupari, en donde se hallaban memorizadas frecuencias de numerosas instituciones y organismos, era un dato "desconocido" por el inspector, según resaltó él mismo. El gerente y el resto de los acusados destacaron que la tenencia de este tipo de aparatos no es ilegal, y negaron que existiera una intención de servirse de las comunicaciones de una empresa de radio-taxi para beneficiar otra asociación competidora con la que trabajaba Aupari. Junto al ministerio público, se personaron en el juicio acusaciones que representaban a la empresa de radio-taxi perjudicada y al empleado de Aupari presuntamente espiado. Las demandas de penas que formularán se mueven entre los cuatro meses y los seis años de prisión para el máximo responsable de la firma vitoriana de seguridad.
