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JUNTA GENERAL DE PRISA

Jesús de Polanco afirma que la justicia ha restablecido los principios del Estado de derecho

"A nuestro juicio, lo más preocupante era el retorno a la inseguridad jurídica y al arbitrismo"

Jesús de Polanco presentó ayer a los accionistas de PRISA los resultados alcanzados en el ejercicio de 1997 y pronunció un discurso del que publicamos un amplio extracto. "Hace ya mucho tiempo que, a fin de organizar racionalmente nuestros trabajos, decidimos celebrar cada año la Junta General de PRISA en el tercer jueves del mes de junio. De modo que sólo a una feliz casualidad se debe el hecho de que nuestra reunión de hoy coincida con noticias que estimamos muy importantes para nuestra empresa y para el conjunto de la sociedad española. Noticias que nos hablan del buen funcionamiento de la justicia en nuestro país, sobre la que se vierten muchas y justificadas críticas pero que no ha dejado, en los últimos tiempos, de dar pruebas de eficiencia y rigor en asuntos espinosos.Los accionistas fundadores de EL PAÍS quisimos contribuir, con nuestro esfuerzo profesional y empresarial, a la creación de una democracia pacífica y convivente, en la que el principio de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica de los administrados fueran derechos irrenunciables. Hoy nos dirigimos a ustedes con la legítima alegría de haber podido comprobar por nosotros mismos que, en medio de todos los defectos y errores tantas veces denunciados, la Administración de justicia sirve transparentemente a esos principios. Y si aún son necesarias, con toda probabilidad, reformas y mejoras -no me compete a mí analizar esto ahora- no es admisible que la torva actuación de algunas personas siga poniendo en entredicho el buen nombre y el prestigio de la generalidad de nuestros tribunales.

(...) El archivo del mal llamado caso Sogecable -pues nunca hubo caso alguno- por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y el procesamiento del primer juez instructor de aquella causa, decidido por el Tribunal Supremo, parecen el principio del fin de una historia que, si no nos hubiera tocado vivirla, habría sido difícil de imaginar en la España constitucional, y más parecería fruto de un mal sueño o del delirio de algunas mentes insanas. Voy a hacer gracia del recuento de acusaciones infundadas, y de la saña con que fueron utilizadas por algunos, contra los miembros del Consejo de Administración de Sogecable, la empresa gestionada por PRISA, y en la que se concentra el desarrollo audiovisual de nuestro grupo. Y huiré de cualquier versión conspirativa de los hechos, aun si los hechos mismos inducen con terquedad a un entendimiento de ese género.

La cuestión es que durante 1997 tuvimos que trabajar en un entorno abiertamente hostil, en el que los intentos por criminalizar nuestra actividad empresarial, y por imputar de inexistentes delitos a la cúpula directiva de esta casa, no se produjeron de manera aislada, sino en medio de una serie de acciones administrativas, y aun legislativas, encaminadas a entorpecer nuestro trabajo hasta el punto de pretender doblegarnos o destruirnos. Con ser muy grave, lo de menos era que el presidente de PRISA, el consejero delegado y primer director de EL PAÍS, el secretario del Consejo y tres consejeros más, se vieran sometidos a una indagación judicial arbitraria que pretendía arrojar sombras sobre nuestra honorabilidad y recto proceder. Lo verdaderamente preocupante eran los síntomas de que eso se producía como respuesta a nuestra permanente vocación de independencia, y a nuestra absoluta decisión de mantener nuestros medios y nuestra empresa al amparo de cualquier influjo o presión ajenos a los intereses de la sociedad a la que servimos. No pienso hacer historia de las muchas y atropelladas medidas que se intentaron contra nosotros. Las hemerotecas, las audiotecas y las videotecas están ahí para quien quiera consultarlas, y almacenan tal cantidad de insultos, difamaciones y agresiones contra esta casa, proferidos las más de las veces por parte de competidores frustrados o colegas resentidos, que no merece la pena gastar ni un segundo más en contestarlas. También se pueden consultar los diarios de sesiones del Congreso, y aun el Boletín Oficial del Estado, que nos darían fe de los intentos por ilegalizar un pequeño aparato electrónico, el descodificador, de uso habitual en Europa, intentos que tuvieron que ser abortados por la intervención de las autoridades de Bruselas.

Y todavía nos queda por ver cómo se saldan algunos otros incidentes pintorescos que, en su conjunto, no hacían otra cosa que denunciar lo más preocupante a nuestro juicio: el retorno del arbitrismo a nuestro país, la instalación de la inseguridad jurídica. Inseguridad para las empresas, para los ciudadanos, para los periodistas, para los lectores. Parecía que comenzáramos a desandar años de esfuerzo común, que eran patrimonio de todos, pues todos -sin excepción de ideologías ni de clases sociales- habían contribuido a la implantación de un Estado de Derecho entre nosotros. Era como si el buen sentido pugnara por huir de la vida pública española.

Naturalmente, el conflicto planteado afectaba a intereses empresariales y comerciales -por otra parte, absolutamente legítimos- y encubría propósitos y debates del más variado género. Pero una gran parte de la sociedad percibió, no sin razón, que en el caso Sogecable -como algunos lo llamaban-, en el acoso a PRISA -como lo definió EL PAÍS- se dilucidaban cuestiones importantes para la libertad en general, y para la libertad de expresión en particular.

(...) Los conflictos entre los periódicos, los medios de comunicación en general, y el poder político, son frecuentes y me atrevería a decir que hasta naturales. Las democracias se construyen en gran medida gracias a ese inestable equilibrio de fuerzas que permite, de una u otra forma, que la verdad se abra paso lentamente y que los ciudadanos no se vean sometidos a abusos e imposiciones por parte de nadie, y en ese nadie incluyo a los propios periódicos y a quienes los fabrican. Desde que se fundó, esta casa ha participado de esa tensión inevitable y, si seguimos siendo fuertes y honestos, si seguimos ejerciendo nuestra capacidad crítica, continuaremos envueltos en marejadas parecidas. Pero no queremos que nuestra crítica se confunda con hostilidad, ni es posible que los ataques de unos contribuyan a enfeudarnos en las posiciones de los otros. La independencia, la profesionalidad, el rigor informativo, el pluralismo de opiniones, la excelencia empresarial siguen siendo nuestro credo inalienable. No somos una instancia de poder, somos un grupo de comunicación. No aspiramos a privilegios de ningún género, de los que, por otra parte, nunca hemos disfrutado. Estamos contra los monopolios, creemos en la competencia y pretendemos huir de todo triunfalismo. En suma: hacemos nuestro trabajo, y procuramos hacerlo lo mejor posible.

El caso es que el año pasado hemos sido puestos a prueba, y los resultados de nuestras empresas son nuestra mejor respuesta. La cifra neta de negocios agregada en 1997 experimentó un incremento de un 17% sobre la del año anterior. Esa mayor capacidad de gestión se ha traducido también en un aumento de más de un 10% del beneficio neto consolidado que sometemos a la aprobación de esta Junta. Nuestro grupo ha sabido sortear las trabas y obstáculos que se han ido cruzando en nuestro camino, ha reforzado los vínculos que le ligan con sus lectores, sus oyentes y sus espectadores, y ha visto cómo, en un entorno difícil, crecía la cohesión de sus equipos profesionales y de sus directivos.

Presentamos hoy unas cuentas de las que podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Nuestras empresas tienen un excelente estado de salud y eso nos permite, por cuarto año consecutivo, anunciar un dividendo equivalente al capital social de la sociedad. Habida cuenta que la parte correspondiente a la autocartera se distribuye entre el resto de los accionistas, el dividendo efectivo equivale al 111% del nominal de cada acción. Alguien podrá pensar que, siendo tan satisfactorios los beneficios, es demasiado elevado el porcentaje que habitualmente destinamos a reservas y a nuevas inversiones. Pero creo que la crítica resultaría infundada. Por una parte, nuestra obligación es hacer crecer la empresa, impulsarla, comprar futuro. Por otra, sobre la rentabilidad económica para los accionistas de su inversión en PRISA, permítanme que les ponga un ejemplo revelador: todo aquel que haya invertido 100.000 pesetas en nuestra sociedad en el año 1972, cuando se constituyó, y que desde entonces y hasta hoy haya acudido a todas las operaciones societarias que se han producido, habrá desembolsado en total, en estos 26 años, 10.750.000 pesetas; y habrá recibido, entre dividendos y acciones liberadas, 103.983.895 pesetas -una vez aprobado el dividendo del último ejercicio-. Y además, el valor teórico contable de su participación asciende a 265 millones de pesetas. Creo que éste es un balance claramente remunerador".

Jesús de Polanco expresó su reconocimiento a los accionistas fallecidos e hizo una mención especial a Pilar Miró, "la representación de toda una época de la televisión y el cine en España". También se detuvo en los trabajadores del grupo, a los que agradeció efusivamente su apoyo, y en los abonados a Canal +, "que no se han dejado engañar por invenciones calenturientas".

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