El juez Garzón imputa a un coronel del Cesid en la Operación Mengele

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón atribuyó ayer la condición de "imputado" en la Operación Mengele, la supuesta utilización de mendigos como cobayas para experimentar narcóticos, al coronel del Cesid Manuel López Fernández López, que sucedió a Juan Alberto Perote como jefe operativo del centro de la .inteligencia militar.

El coronel Manuel López Fernández se acogió a la ley de Secretos Oficiales para no tener que declarar, al igual que han hecho otros agentes del Cesid que han sido interrogados sobre distintas operaciones en la Audiencia Nacional. Garzón pretendía interrogarle sobre la supuesta utilización de mendigos como cobayas para experimentar un narcótico que se quería utilizar para secuestrar al entonces número 1 de ETA, Josu Ternera, en 1988.

En concreto, Garzón quería contrastar la versión del coronel con la de dos peritos que aseguran haber identificado su firma en un documento que obra en la causa sobre la Operación Nervión-Bombilla-Mundo, supuesto nombre codificado del experimento con indigentes.

Además de negarse a declarar, el coronel dijo no conocer el informe y negó haberlo firmado.

Antes de entrar a preguntarle sobre el contenido del escrito, el juez interrumpió la declaración, le confirió la condición de "imputado" y le volvió a citar para hoy. Fernández López deberá comparecer acompañado de abogado.

También compareció en el juzgado otro militar, Ignacio Estévez Vila, quien igualmente se acogió a la Ley de Secretos Oficiales.

También prestó declaración como testigo el ciudadano alemán Robert Prost, dueño del vehículo supuestamente utilizado para realizar la operación, en el curso de la cual uno de los mendigos habría fallecido, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado.

Prost se ratificó en que, días antes de que le robasen el coche, en el año 1988, lo había llevado a un taller para que le reparasen el aire acondicionado, dejando las llaves del vehículo y del garaje donde lo encerraba. Recuperó el automóvil cinco años después, absolutamente "limpio" y con 70.000 kilómetros de más en el cuentakilómetros. Prost no pudo aportar ningún dato sobre lo sucedido.

El fiscal había pedido el sobreseimiento provisional de la causa, pero Garzón accedió a las peticiones de la acusación particular para que llamase a declarar a las tres personas de ayer.