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Los interventores de Ormak retrasan hasta el verano su informe judicial de la deuda

Los tres interventores que supervisan la suspensión de pagos de la constructora Ormak, en situación de crisis económica desde noviembre, tendrán su informe para principios del verano. La gran cantidad de acreedores existente -un total de 433- obligó a los fiscalizadores de las cuentas a pedir una prórroga, puesto que el plazo impuesto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Getxo expiraba a finales de marzo.

La titular del citado juzgado de Getxo no ha resuelto aún la petición de aplazamiento de los interventores, según aseguraron fuentes de la investigación. La prórroga entrará en vigor a partir de la decisión judicial y, como afirmaron los medios consultados, "lo lógico es que sea de 60 días". Los tres interventores fueron nombrados por la jueza a principios de diciembre nada más aceptar la suspensión de pagos que había presentado Ormak. Una de sus principales labores es comprobar si los datos económicos aportados por la constructora se ajustan a la realidad: en concreto, el balance definitivo declarado fija la deuda en 1.741 millones de pesetas y el activo apenas rebasaría los 1.800 millones. Las mismas fuentes afirmaron que más de la cuarta parte de los acreedores han presentado información sobre las cantidades económicas que les adeuda la constructora. La previsión de los fiscalizadores es que contesten algo más de la mitad. "Es lo normal en estos casos porque muchos tienen cantidades irrelevantes de deuda y, por no hacer el papeleo, no responden". Superávit mínimo El informe definitivo de los interventores determinará si la deuda es la expuesta por la constructora y, por tanto, si se mantiene la suspensión de pagos. En enero, constataron que el superávit patrimonial de Ormak apenas supera los 70 millones de pesetas, frente a los cerca de 120 millones que había declarado la firma. Al tratarse de una cifra poco holgada, cualquier desfase que se aprecie en la deuda llevaría a la declaración de una situación de quiebra y pondría en peligro la decena de proyectos que ejecuta la empresa, por un valor superior a los 4.300 millones de pesetas. La obra más afectada ha sido la del aparcamiento municipal de Barakaldo, cuyo contrato con Ormak se rescindió en febrero tras pasar más de tres meses paralizada y ha motivado la presentación de un recurso por parte de la constructora ante el Tribunal Superior. En él, se exige paralizar las obras y, en caso contrario, Ormak reclamaría 1.000 millones de indemnización. El alcalde de Barakaldo, el socialista Carlos Pera, negó ayer cualquier paralización de los trabajos y mostró su "confianza" en que la resolución judicial "sea favorable al consistorio". "El Ayuntamiento ha puesto en marcha los mecanismos legales y jurídicos oportunos", declaró a la emisora local Tele 7. Pera manifestó que el proyecto de la actual adjudicataria fija en diciembre la conclusión del aparcamiento subterráneo, mientras que la urbanización de su superficie y la del Paseo de los Fueros terminarán en la primavera de 1999. Las obras tienen un coste de 650 millones.

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