El modelo chileno
Aunque técnicamente Chile vivió ayer su primer día de democracia plena, sin que rijan las normas transitorias de la Constitución, la incorporación del general Augusto Pinochet al Senado, la persistencia de los mecanismos que arropan a la derecha y a los militares, y los casos no resueltos de violaciones de los derechos humanos cometidos en la dictadura, hacen perpetuarse la transición.La última norma transitoria de la Constitución de 1980, promulgada por la dictadura después de un plebiscito que la oposición consideró fraudulento, era precisamente la que le permitió a Pinochet seguir como comandante en jefe del Ejército hasta ocho años después.
El general no sólo busca permanecer en el primer plano al incorporarse a la Cámara alta, sino que ha conquistado para sí de por vida el fuero del parlamentario. Como senador, Pinochet sólo puede ser procesado si previamente se le retira la inmunidad por un tribunal de apelaciones.
Cuando el 57% de los chilenos dijo no en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 al intento de Pinochet de mantenerse en la presidencia, la oposición negoció con el régimen militar la reformas a la Constitución, que al año siguiente fue aprobada en otro referéndum. Derrotado en las urnas, pero no derrocado, y con el respaldo de su institución, el general terminó en esos días de construir la compleja trama legal que le ha permitido conservar una cuota importante del poder.
Los reiterados intentos de los sectores democráticos de realizar reformas profundas en la Constitución se han estrellado con el rechazo del Senado o murieron en negociaciones con el sector reformista de la derecha.
El general se aseguró tambien de que el Ejército pudiera conservar su presupuesto y gastos reservados y la prerrogativa que impide al presidente cambiar a un jefe militar sin previo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. En este último organismo, creado por la Constitución, se estableció la participación de los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en igualdad de número con los máximos representantes de los poderes del Estado, lo que garantiza la inamovilidad a los comandantes en jefe.
