El negocio mundial de las minas y la tortura
La razón de ser de la fabricación de armas es la defensa de la comunidad nacional y de sus intereses en el exterior. Pero la producción de armas, verdadera actividad económica, ha sustituido la lógica de la seguridad por la lógica económica. Lógica que, a caballo del poder político tiene graves efectos perversos, pues el principio del beneficio hace que todos los medios sean buenos, en especial en la coyuntura actual a la baja de este sector. Bill Clinton, para compensar la reducción presupuestaria del Pentágono, cliente principal de la industria militar de EE UU, que es la primera del mundo, ha levantado el embargo sobre la venta de armas en Iberoamérica que había introducido Carter en 1977. Roto el equilibrio estratégico de la región, se ha reactivado la carrera armamentista: Chile quiere comprar aviones de combate F-16; Perú, MIG-29; Brasil, un submarino nuclear... Pero, sobre todo, se han hecho más amenazadoras las reivindicaciones territoriales y se ha reforzado el rol político de las fuerzas armadas cuando pugnan por afirmarse sus sociedades civiles y se están consolidando sus regímenes democráticos.El segundo muestra aún más claramente la perversión de la prioridad económica en este ámbito. Me refiero al escándalo de las minas antipersonas, cuya producción nada tiene que ver con objetivos de seguridad -¿cabe imaginar que Estados Unidos, que vende más del 50% del volumen mundial, ponga nunca una sola mina en su territorio?- y que esparcidas en más de 70 países matan o mutilan a cerca de 26.000 personas al año, sobre todo población civil y, de ella, los niños. Es cierto que la reacción ha comenzado y que unas cuantas ONG, y de modo especial Amnistía Internacional y Handicap Internacional, no cejan en sus denuncias; que el pasado mes de septiembre, en Oslo, 89 países se comprometieron a prohibir su fabricación, exportación y utilización; que se ha dado el último Nobel de la Paz a Jody Williams por su campaña contra las minas, antipersonas; que algunos intelectuales y artistas se están movilizando, y así tenemos, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la espléndida exposición de Gervasio Sánchez. Pero ¿cómo podemos evitar en tiempos de paz la matanza anónima e impune de miles y miles de niños a causa de las más de 20 millones de minas enterradas en tiempos de guerra? ¿Cómo podremos encontrar los 33.000 millones de dólares que serán necesarios para limpiar de minas nuestro planeta? ¿Por qué no lanzamos una gran campaña mundial con ese fin?
Y cierro con el macabro negocio de la tortura y de los instrumentos eléctricos para infringirla. ¿Cabe imaginar algo más abominable que esos lujosos catálogos en los que, bajo pretexto de contribuir a la autodefensa personal y a la seguridad colectiva, se ofrecen picañas, cinturones, porras eléctricas y los más variados útiles de suplicio, cuyas capacidades agresoras de hasta 250.000 voltios por descarga se describen autocomplacidamente insistiendo en que no dejan rastro identificable aunque sus efectos, si se desea, pueden ser permanentes? La industria de la tortura está en pleno boom, y según Amnistía Internacional, que en este tema como en tantos otros hace un espléndido trabajo, sólo en Estados Unidos se han podido censar 42 sociedades dedicadas a esta actividad y cuyos clientes son en la mayoría de los casos países en desarrollo y no democráticos. Y lo que las motiva no son determinaciones ideológicas ni pulsiones sádicas, sino simplemente el lucro y la ganancia.
¿Qué puede hacerse? Mucho. Más de 600 ONG apoyan la iniciativa de establecer un código europeo que regule la compra y venta de armas y que haga efectivos los criterios adoptados por los Consejos Europeos de Luxemburgo en 1991 y de Lisboa en 1992. Esa iniciativa, cuyo propósito es dar cuerpo a una ética del comercio de armamentos, tiene que incluir un capítulo especial sobre la producción y venta de instrumentos de tortura. ¿Por qué no instaurar un control parlamentario en este campo? ¿Por qué no promover una acción conjunta Parlamento Europeo / Parlamentos nacionales / sociedad civil europea?
