Los jueces sentencian que Cañellas cometió cohecho, pero lo absuelven por haber prescrito

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sentenciaron ayer que el ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas cometió cohecho, pero le absolvieron por considerar que el delito había prescrito al haber transcurrido más de cinco años. La sentencia reconoce la existencia de un soborno de 50 millones de pesetas que benefició al PP y que fue cobrado a raíz de la concesión "justa y no delictiva" del túnel de peaje de Sóller, en 1988, a un socio del dirigente conservador. Cañellas ha sido durante 13 años presidente del Gobierno balear (1983-1995) y líder absoluto del PP regional.

El ex presidente y el ex consejero José Antonio Berastáin fueron absueltos de los delitos de cohecho y prevaricación continuada que formulaban la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular de Izquierda Unida. Fuentes próximas a la fiscalía anunciaron ayer la intención de recurrir contra el fallo. José María Aznar forzó la dimisión de Cañellas en 1995, al evidenciarse la trama de financiación ilegal del PP. Este caso ha supuesto el mayor escándalo político destapado en la comunidad en la que el PP lleva más tiempo gobernando y que fue ejemplo para los conservadores antes de llegar a La Moncloa.

El tribunal afirma que en la concesión y las prórrogas del túnel la actuación del Gobierno balear fue legal y que no existió prevaricación, una acción injusta que se considera que debe ser grosera, flagrante, clara y manifiesta, perceptible y con torcimiento de Derecho. El pagador de la dádiva, el financiero Antonio Cuart, es absuelto por ser "atípica su conducta", igual que el ex consejero de Obras Públicas Jerónimo Saiz.

Cañellas, con la misma indumentaria -un polo rojo- que llevaba cuando el PP balear le dio, en julio de 1995, un baño de masas tras sentenciarle Aznar, al conocer el fallo alardeó de su éxito político y personal, retó a sus críticos y no aclaró si piensa resarcirse ante el PP y Aznar. "Todo lo político puede esperar", dijo quien sigue siendo diputado y dirigente regional. Todos los partidos baleares, excepto el PP, reclamaron ayer nuevamente su salida de la vida pública.

"Criminalmente responsables"

"Todo lo que no acaba conmigo me hace más fuerte" parafraseó a los clásicos cristianos Cañellas, que aún no había tenido tiempo de leer los 82 folios de la sentencia, cargados de jurisprudencia y de detalles en los que se intenta, por una parte, razonar la justedad de la acción del Gobierno balear, y por otra, evidenciar la red y la trama con la que el PP, Cañellas y Berastáin manejaron la dádiva. Ambos son declarados "criminalmente responsables" de haber admitido el soborno que benefició al PP y a la fundación privada de Cañellas mediante un plan "global y metódico" para ocultar el rastro del dinero negro.El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Antonio Capó, un profesional muy técnico. El presidente del Tribunal es el veterano jurista Ángel Reigosa, quien ha firmado varias sentencias desfavorables para el Gobierno del PP. El tercer integrante de la sala, José Zaforteza, fue senador por UCD y se jubila dentro de cinco días.

Cañellas hizo un desplante a Reigosa hace una década al homenajear públicamente a un político del PP que aquél había condenado por abuso de cargo y luego lo ascendió a senador y lo nombró asesor personal. Más tarde el ahora absuelto maniobró para colocar como magistrado vitalicio en el tribunal que ahora le ha sentado en el banquillo a su propio hermano, el senador del PP José Cañellas.

El polémico político opinó ayer que tiene el apoyo de la gente sencilla y del PP, y aseveró que nunca se benefició personalmente, aunque dijo que queda "latente si el partido recibió un dinero o no... si fuera así, si es delito está prescrito". Recordó que ha superado cuatro investigaciones judiciales en tres años y sobre el caso Sóller dijo: "Hemos quedado absolutamente libres de esta amenaza permanente de los tribunales, de haber hecho un túnel a base de corrupción; no ha habido mangoneo, amiguismo y favoritismo ni contubernio".

A los dos años de su obligada dimisión como presidente del Gobierno balear y del PP, Gabriel Cañellas recibió del fiscal Juan Carrau una petición de condena de un año de cárcel, 18 de inhabilitación, 100 millones de pesetas de multa y el retorno de los 50 millones de la dádiva cobrada. El empresario del túnel, Antonio Cuart, afrontaba un año de prisión, nueve de inhabilitación y 100 millones de multa. Al ex consejero Saiz se le solicitó una pena de nueve años de inhabilitación; IU pidió para Berastáin cuatro meses de cárcel, tres años de inhabilitación y 50 millones de multa.