Garzón, Villarejo, los suizos y Banesto
En un libro que aparecerá en Madrid la semana próxima -La Justicia o el caos-, editado en Francia el pasado mes de octubre, el juez Baltasar Garzón y el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, hablan de los obstáculos erigidos por los poderes en la instrucción de diversos procedimientos penales.Garzón señala que "en casos importantes, como los que implican al banquero Mario Conde y al financiero Javier de la Rosa, las trabas han sido de otra naturaleza. Han aparecido en España y en otros países, a raíz de la envergadura financiera de estos sospechosos. La diferencia de legislación entre los países favorece las evasiones de capitales y no permite progresar a las investigaciones. Si uno pide ayuda a Suiza, por ejemplo, la respuesta será que la ayuda no puede ser otorgada, porque la legislación del país lo impide. Uno ve que la justicia se muestra muy conciliadora justamente con aquellos a quienes ella no debería favorecer. Hay una pérdida de eficacia formidable".
Garzón reconoce, eso sí, que "la actitud de los jueces y fiscales suizos ha cambiado considerablemente en el curso de los últimos años". Jiménez Villarejo, por su parte, señala que la colaboración internacional, entre jueces de diferentes países, "es muy insuficiente" y subraya que "los Estados no tienen los mismos intereses".
Y en relación con Suiza, dice: "Las decisiones de los jueces suizos son sistemáticamente contestadas, lo que hace mucho más difícil obtener informaciones importantes". Las reflexiones puntuales conducen a preguntarse algo muy elemental: ¿qué pasa cuando los jueces suizos colaboran y finalmente el material solicitado llega a España?. Hay algunos casos en los que ese material ha sido utilizado. Pero hay otros en curso en los que no. Es el caso Banesto. Después de la colaboración sistemática de un juez suizo, la documentación enviada a España, que supera con creces las expectativas de aquellos que la solicitaron, no es objeto de ningún tipo de utilización judicial.
Solicitada por el juez Manuel García-Castellón a primeros de 1995, dicha comisión fue bloqueada por Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges hasta febrero de 1996, fecha en que pudo materializarse, después que la justicia suiza desechara los recursos de los afectados. Al realizarse, los jueces Jacques Antenen, de Lausana, y Manuel García-Castellón, de España, obtuvieron un éxito con la declaración del fiduciario Paolo Gallone, quien identificó a Conde, Gómez de Liaño y Sitges como sus clientes. Una sociedad de Conde, Kaneko, envió dinero a España; las otras dos (Asni Invesments y Jamuna) de Gómez de Liaño y Sitges, participaron en dos operaciones de presunta estafa en el caso Banesto, llevándose el dinero a Suiza.
Los cruces y el modo en que Gallone recibía instrucciones indican que las tres sociedades, más allá de la titularidad formal de cada una de ellas, eran parte de una misma banda. El juez Antenen hizo desde el primer momento todo lo posible para que las autoridades españolas pudieran contar con la "trama suiza", que permite profundizar el mecanismo delictivo utilizado por Conde y sus socios en Banesto. El problema es que una vez llegado el material a la Audiencia Nacional, éste ha sido enviado a la sala de lo Penal, sección segunda, que debe resolver los recursos del caso Banesto.
Como no ha habido la más mínima instrucción, Banesto solicita que se inicien diligencias contra Gómez de Liaño y Sitges en una pieza separada, cuestión sobre la que algunas partes personadas se han adherido. La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Jiménez Villarejo, debe aún, pronunciarse. Está bien, pues, que se pida celeridad y ayuda a los jueces suizos. Pero, también, es necesario hacer aquí los deberes cuando, como en el caso Banesto, llega un material probatorio decisivo.
