Lukashenko triunfa y afianza su régimen autoritario en Bielorrusia
El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ganó el referéndum del domingo por una mayoría abrumadora. La nueva Constitución, que a partir de ahora regirá el país, otorga al polémico pero popular líder bielorruso amplios poderes que le permitirán afianzar su régimen autoritario y acorralar aún más a la oposición. El jefe del Parlamento, Semión Sharetski, se apresuró a calificar de "farsa" el referéndum e hizo un desesperado llamamiento a la opinión pública internacional para que frene "la dictadura en Bielorrusia".
No hubo sorpresas ni milagros: los bielorrusos respaldaron masivamente a Lukashenko, que ganó todo lo que pretendía. El 70,5% del censo electoral aprobó su proyecto de Constitución y votó como el presidente pedía a todas las otras cuestiones sometidas a consulta. Es decir, que en Bielorrusia no se abolirá la pena de muerte, no habrá libre compraventa de la tierra, los jefes de las administraciones provinciales serán nombrados por el presidente y no elegidos en votación popular, Lukashenko podrá continuar teniendo fondos fantasmas que no están sujetos a ningún control y la fiesta nacional se celebrará el 3 de julio, en memoria del día en que Minsk fue liberada en 1944 de la ocupación nazi."No se puede interpretar la nueva Constitución como la liquidación del Sóviet Supremo, el Tribunal Constitucional y la Comisión Electoral Central", dijo Lukashenko en la rueda de prensa que dio inmediatamente después de anunciados los resultados preliminares del referéndum. La consulta, según el presidente, fue "limpia" y reflejó "la voluntad popular".
La nueva ley fundamental prevé la transformación del actual Sóviet Supremo en una Asamblea Nacional bicameral, y, según los artículos transitorios, los diputados tienen un mes para designar de entre sus miembros los 110 parlamentarios que integrarán la Cámara de Representantes. Si en este plazo los diputados no la forman debido a "diferencias entre, el presidente y el Sóviet Supremo", el primero disuelve al segundo y convoca nuevas elecciones.
Lukashenko expresó su esperanza de que el Sóviet Supremo respete "el dictamen popular" y colabore en la reestructuración de las instituciones del Estado, pero dejó muy claro que si los parlamentarios se resisten, usará los poderes que le da la nueva Constitución y los disolverá.
El líder bielorruso aseguró que aplicará "una política de reformas, pero sin destruir nada y sin prisas", lo que significa que no seguirá el camino de Rusia y no impondrá una terapia de choque ni liberalizará los precios de la noche a la mañana, como ocurrió en el vecino país en 1992. Tampoco imitará al Kremlin sobre privatización de empresas estatales.
El jefe del Parlamento, Semión Sharetski, denunció "la farsa" que, según él, se celebró el domingo. "El referéndum no puede ser reconocido como legítimo" debido a las "miles de violaciones e irregularidades" que hubo. Sharetski dijo que las papeletas las había imprimido la presidencia y que ni siquiera se sabía la tirada de éstas; además, recordó que Lukashenko ha monopolizado los medios de información.
Llamamiento al exterior
Aunque Sharetski señaló que el Sóviet Supremo no reconocerá la nueva Constitución votada el domingo, él mismo no confía en que podrán resistirse a la imposición del "régimen autoritario" de Lukashenko y considera que "sólo la comunidad internacional puede impedir la dictadura en Bielorrusia". [EE UU anunció ayer que no reconoce el resultado del referéndum por "carecer de toda legitimidad", informa France Presse].El Parlamento se reúne hoy para decidir qué hacer ahora que Lukashenko se siente con las manos libres para continuar afianzando su poder personal. Algunos diputados confían en que el Tribunal Constitucional reabra el caso contra el presidente basado en el recurso presentado por un grupo de parlamentarios. Sin embargo, es dudoso que los jueces se enfrenten al presidente después del referéndum. Además, Lukashenko ha dicho que no excluye que algunos miembros del actual Constitucional pasen a integrar el nuevo tribunal, "siempre y cuando renuncien a sus pasiones políticas". Según la nueva ley fundamental, el presidente nombra a la mitad de los miembros del Supremo, del Constitucional y del de Arbitraje y a sus jefes.
