La lucha entre el PP y el campus de Alicante, prueba de fuego para la autonomía universitaria
El rector y el presidente Zaplana se disputan competencias en el diseño de los estudios
El proyecto de creación de una segunda universidad en la provincia de Alicante, que tendría su sede central en Elche más otros tres campuses en Orihuela, San Juan y Altea, mantiene enfrentados al Gobierno autónomo, presidido por el popular Eduardo Zaplana, y al equipo de Gobierno de la Universidad de Alicante, capitaneado por el rector Andrés Pedreño. La pugna ha traspasado la esfera académica y ha degenerado en un debate político al que asisten estupefactos los ciudadanos, un duelo en el que las posturas se han radicalizado y se cuestionan principios como la autonomía universitaria o la representatividad de la Generalitat como máxima autoridad en la Comunidad.
Ambas instituciones llevaban meses enfrascadas en una solapada guerra. Ahora ya es abierta. Un incidente institucional sin precedentes ha destapado el tarro de las esencias y desencadenado una avalancha de pronunciamientos, a favor y en contra, que tuvo uno de sus puntos culminantes en una comparecencia extraordinaria y urgente del presidente Zaplana ante las Cortes Valencianas esta misma semana para explicar el altercado.En un gesto de reafirmación de la autonomía universitaria frente al poder político, Andrés Pedreño se negó a permitir que Eduardo Zaplana presidiera el viernes día 4, el solemne acto de apertura oficial del año académico. El presidente, visiblemente irritado, abandonó el recinto de forma precipitada minutos antes del inicio de la ceremonia. Con él, desalojaron el Paraninfo cerca de un centenar de cargos públicos del PP, de todas las administraciones, que lo arroparon en una jornada que se prometía tensa y crítica. Oficialmente, el partido en el poder y el propio Zaplana califican el incidente como "el mayor atentado a la autonomía valenciana de los últimos años".
Al margen de divergencias protocolarias sobre quién debe presidir un acto de estas características -la norma ampara al rector, pero la costumbre se rompió en el campus alicantino por vez primera al no ceder la presidencia al cabeza del Ejecutivo autónomo-, el conflicto, encierra un pulso entre el poder político y la autoridad académica. El proyecto del PP, no consensuado con los académicos, prevé segregar escuelas y facultades consolidadas en la Universidad de Alicante, que servirían para llenar de contenido a la institución naciente. Entre ellas figura la Facultad de Medicina, que a su carácter de fundadora de los estudios universitarios en la provincia suma su indudable valor como pilar básico de la estructura docente e investigadora de esta Universidad, que le ha dado prestigio internacional.
Dinero y títulos
La Generalitat, que apela a sus competencias para diseñar la política educativa, está decidida a segregar estudios, y anuncia fuertes inversiones -cerca de 25.000 millones de pesetas en los próximos cinco años- para cubrir las necesidades económicas de la nueva universidad, que impartiría las 18 titulaciones consignadas en el proyecto de ley trasladado ya a las Cortes para su debate. La segregación de Medicina se justifica con el deseo de priorizar el desarrollo de un macro-campus de Ciencias de la Salud.La Universidad, por su parte, se aferra al principio constitucional de autonomía universitaria para evitar que le sean arrebatadas carreras e instalaciones. Andrés Pedreño y su equipo se muestran favorables a crear otra universidad, pero defienden la integridad de la suya y cuestionan el éxito de un proyecto ante el que mantienen serias dudas respecto de su rentabilidad social. A su entender, ese proyecto no se ajusta a las necesidades planteadas hace años, centradas en la necesidad de acabar con la masificación y configurar una variada oferta de titulaciones técnicas ahora inexistentes y que reclama el mercado de trabajo.
Los argumentos académicos no se rebaten, pero la tensión crece día a día. La Universidad de Alicante (cuyas instalaciones generales se localizan en la localidad de Sant Vicent del Ras,peig), a 12 kilómetros de la capital, da cobertura a 35.000 alumnos. La demanda potencial sobrepasa las 40.000 matrículas, pero las instalaciones están ideadas para 25.000. Segregar el campus de Medicina -localizado en término municipal de San Juan, que dista 10 kilómetros de Sant Vicent- implicaría aliviar esa carga en apenas 700 alumnos.
Para la Universidad, además, en plena etapa de restricciones presupuestarias, la financiación extraordinaria que requeriría la proyectada Universidad de Elche supondría una "grave e incomprensible" discriminación del resto de universidades valencianas. Los futuros alumnos de Elche gozarían de servicios y docencia de mayor calidad, y la Administración Pública invertiría en ellos el doble que en el resto. El coste del profesorado también se duplicaría.
Al presidente Zaplana se le recrimina con especial contundencia no haber consensuado la propuesta. Se desconocen antecedentes de segregaciones por imposición. Existe un precedente en las Canarias, pero no se considera comparable por cuestiones de insularídad. "Para que perdure, una universidad necesita del máximo consenso social y político", asegura el rector Andrés Pedreño. "Flaco favor le hacemos si nace producto de la imposición o de la sinrazón".
