El Gobierno suprime un tercio de los altos cargos y recorta 200.000 millones sin decidir de dónde

Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, y Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación, se encargaron de presentar la cura de adelgazamiento presupuestaria y gubernamental. El vicepresidente decidirá ahora como se reparte entre los ministerios el ahorro de 200.000 millones de pesetas aprobado de manera genérica en el segundo Consejo de Ministros.El Ejecutivo de José María Aznar también tuvo que plegar velas al explicar la poda en la cúpula de la Administración central. La reducción es de un tercio: 144 de los 431 cargos que puede nombrar el Consejo. El Partido Popular había previsto eliminar unos 6.110 altos cargos, 72,2% de 8.458, según las particulares cuentas que los populares hacían en la última campaña electoral. Rodríguez confesó ayer que, quizá por imprecisión terminológica, se ha confundido alto cargo (nombrado en Consejo de Ministros) con personal de libre designación de los ministerios.

El recorte presupuestario -en la jerga oficial, "no disponibilidad de créditos"- se aprobó en números redondos y pendiente de distribución "en los próximos días". Las resistencias y la imposibilidad de cerrar en tres días un acuerdo entre departamentos empujaron el Gobierno a esta fórmula, para evitar la sensación de nuevo retraso. Rato sale reforzado, porque dirá la última palabra.

Nuevos recortes

El recorte se justifica por una evolución del crecimiento económico "claramente inferior a las estimaciones", con la consiguiente disminución de ingresos. Y se anuncia que no temblará la mano ante nuevos recortes posteriores si se consideran necesarios, bien porque aparecen gastos ineludibles o porque la recaudación fiscal diminuye más de lo previsto. El tijerazo aprobado afectará a los capítulos de inversión, como adelantó el titular de Fomento (antes Obras Públicas y Transportes), Rafael Arias Salgado, que asumió por adelantado 70.000 millones de pesetas menos en su área. No obstante, según Rodrigo Rato, se intentará evitar que a fecte a inversiones productivas y las cofinanciadas con fondos europeos para evitar su pérdida.

Condicionados por el pasado reciente y las batallas electorales, los populares no pierden ocasión de desmentir supuestas intenciones de atacar el Estado de bienestar. Rato precisó que "en ningún caso" se sacará una peseta de "gastos sociales" para sumar los 200.000 millones. La austeridad se impondrá "al propio funcionamiento de la Administración".

El vicepresidente segundo, de paso, puso en marcha desde ayer algunas de las ideas que ha madurado desde la oposición sobre el control del gasto público. Cada ministerio u organismo estata, desde la Seguridad Social a la Renfe, deberá dividir su presupuesto de gastos por periodos mensuales. El Gobierno cree que cualquier desviación podrá ser "inmediatamente detectada y corregida".

También se impone el principio de que las nuevas obligatorias de pago nunca podrán superar el límite aprobado, de manera que deberán ser compensados por el propio ministerio o empresa pública. Se trata, según Rato, de una "modificación estructural en el control del gasto".

Los compromisos del anterior Ejecutivo, incluidos los 60.000 millones de pesetas de gasto sanitario y los 25.000 millones -de "deuda histórica" con Andalucía y Extremadura, son expresamente asumidos, pero no se sabe cómo. En el segundo apartado, el Gobierno anuncia contactos con los Ejecutivos de ambas comunidades para buscar una fórmula de pago.

Al mismo tiempo, el Gobierno aprobó un documento de directrices para la elaboración de los Presupuestos de 1997. Todos los criterios van en la misma línea de situar el año próximo el déficit en el 3% del PIB (producto interior bruto) para las administraciones públicas (2,5% para el Estado) como "compromiso irrenunciable", según la declaración oficial. También se asegura que "se preservarán los niveles actuales de protección y cobertura efectiva del gasto social y, en particular, "la capacidad adquisitiva de las pensiones".

En la otra vertiente de la cura de adelgazamiento, el Consejo ha suprimido, entre su primera sesión del martes y ayer, 144 de los altos cargos que hubiera podido nombrar con el organigrama anterior. Preguntado por los anuncios de eliminación de 5.000 altos cargos, como también se barajó en el pasado, el secretario de Estado de Comunicación confesó que "no puede haber 5.000 en ningún caso". "Quizá ha habido un defecto de mala expresión por nuestra parte", reconoció Rodríguez.

El ahorro, según el Ejecutivo, será importante porque se eliminan muchas unidades administrativas y se desea que el ejemplo cunda hacia abajo y se supriman asesores y cargos de libre designación en los ministerios. Pero no se han realizado cálculos oficiales.

Algunos rasgos de bisoñez de los nuevos gobernantes no parecen haber encontrado solución entre el primero y el segundo Consejo de Ministros. La primera referencia entregada ayer no dio cuenta del contenido de los decretos por los que se establece y modifica la estructura orgánica de "diversos departamentos ministeriales", cuyo número ni siquiera se especificaba.

Según fuentes de La Moncloa, la explicación consiste en que, a primera hora de la tarde, el vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, de cidió remitir a todos los ministerios el organigrama con la re estructuración por si tenían al guna precisión que hacer.

La estructura de los ministerios fue transmitida por la tarde a los medios de comunicación. La referencia incluía un nombramiento que no se había producido, el de Celestino García Marcos como director general de Migraciones.

Fuentes del Ejecutivo atribuyen estos fallos a que todavía no está en marcha la comisión de subsecretarios, que prepara los contenidos de los Consejos de Ministros. Lo que sí aclaró Miguel Ángel Rodríguez es que su función como secretario de Estado de Comunicación será coordinar la política informativa. La dirección del sector de telecomunicaciones quedará encuadrada en el Ministerio de Fomento, y no en el de Presidencia, como algunos responsables de éste pretendían.

Los ministros ya han planteado en el Congreso sus peticiones para comparecer en las correspondientes comisiones con el fin de explicar sus planes de actuación. El Gobierno concedió ayer la Gran Cruz de Carlos III a todos los ministros del anterior Gabinete, a propuesta del presidente, José María Aznar, y , en cumplimiento de una tradición", según se cuidó de precisar Rodríguez. A propuesta del ministro de Exteriores, Abel Matutes, Felipe González, jefe del Ejecutivo durante más de 13 años y ahora en la oposición, recibirá el Collar de Isabel la Católica.