Villarejo pide que Alfonso Escámez declare como testigo en la querella por cohechos de Estevill
El fiscal Carlos Jiménez Villarejo solicita al instructor de la querella por tres presuntos delitos de cohecho imputados a Luis Pascual Estevill que declare como testigo el ex presidente del Banco Central Hispano Alfonso Escámez en relación con el cohecho denunciado por Eduardo Santos, ex presidente de Macosa, y otros tres de sus ejecutivos. Escámez fue uno de los testigos que hubo de declarar ante Estevill por el caso Macosa y se le reguntó sobre una supuesta condonación 1.500 millones de préstamos a Macosa. Villarejo destaca la supuesta intervención en os cohechos de Piqué Vidal
La declaración de Escámez se relaciona con posibles informaciones no conocidas aportadas a la fiscalía por Santos y su equipo sobre pagos a Estevill. Otro ilustre ejecutivo bancario, actualmente director general de Banesto, José Ángel Merodio, ex consejero delegado de Banca Catalana, también deberá comparecer como testigo al haber sido citado como la persona que advirtió a Pedro Olabarría, Luis Fernando Romero y Modesto González de la presentación de una querella de Banesto por una presunta estafa. La querella acabó siendo archivada.
Este caso derivó con el pago que el empresario Lorenzo Rosal reconoce haber efectuado "en estado de extrema necesidad". Rosal entregó una bolsa "en un aparcamiento de la plaza de Francesc Macià" a una persona que identifica como Javier Pascual Franquesa, hijo de Pascual Estevill, según consta en la querella del fiscal.
Jiménez Villarejo recoge en la querella que el pago de Rosal se efectuó a las 18.00 horas del lunes 13 de septiembre de 1994 y que el empresario reconoció al receptor de su bolsa de El Corte Inglés cuando vio la fotografía del hijo de Estevill en los medios de comunicación.
Piqué, protagonista
Significativamente, la querella admitida en el Supremo a instancias del fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, cita 16 veces al abogado inculpado Juan Piqué Vidal, seis veces más que al propio Pascual Estevill.
Piqué ocupa el segundo lugar de la lista de los 10 inculpados en los tres presuntos delitos de cohecho que parece que supusieron ingresos de 55 millones en las cuentas de Estevill. La declaración de Piqué Vidal, defensor de Javier de la Rosa, entre otros, es junto a la de Pascual Estevill una de las primeras que recibirá el instructor de la causa en el Supremo, José Antonio Martín Pallín.
Otro aspecto esencial de la querella es el punto en el que el fiscal resume la declaración del letrado Juan Vives Rodríguez de Hinojosa, según la cual reconoce haber recaudado 31 millones de los consejeros de Macosa: "El letrado Vives, recibida aquella suma, avisó al despacho de Piqué Vidal, que envió a recogerla al letrado Miguel Capuz, del que no consta, por ahora, que supiera la causa del pago y destino de dicha cantidad".
Las versiones contrapuestas de Piqué Vidal -que declaró ante la comisión de deontología del Colegio de Abogados- y de Vives Rodríguez ante el fiscal Jiménez Villarejo parecen destinadas a convertirse en el punto más polémico de la causa. Vives y Piqué se reprochan el actuar de mediadores en las operaciones para obtener el favor de Estevill.
Piqué Vidal manifestó ante el colegio "no haber visto nunca un duro", aunque muchos de los inculpados por Estevill sustituyeran a su abogado por Piqué Vidal y adviertan de que ésta era una condición sine qua non para obtener la decisión favorable del ex juez.
Los abogados Miguel Capuz y José Luis Ortiz, ambos del despacho Piqué Abogados, deberán declarar como testigos por su presunta participación circunstancial en las maniobras de pagos a Estevill.
Fuentes de la fiscalía indicaron que podría plantearse incluso un análisis más mecánico de las causas instruidas en el juzgado de Pascual Estevill con autos de prisión y fianzas decretadas por el exjuez, con especial atención a los inculpados que -durante el proceso de instrucción- cambiaron de abogado en favor de Piqué Vidal o Juan Vives Rodríguez Hinojosa y otros abogados considerados afines al juez. Ese peinado permitiría conocer otros posibles delitos de cohecho.
Uno de los problemas para la fiscalía anticorrupción, tras la inculpación de los principales denunciantes de los supuestos pagos a Pascual Estevill es que esto ha cerrado nuevas posibilidades de denuncia.
