Un nuevo querellante acusa a Estevill de cohecho, prevaricación y de encarcelarle 204 días
Juan Sansalvador Lacomba ha presentado una querella ante el Supremo en la que acusa de cohecho y prevaricación a Luis Pascual Estevill y de haberle enviado injustamente a prisión durante 204 días cuando convalecía de un infarto de miocardio. Estevill instruía un caso de fraude fiscal por la compraventa de unos terrenos en El Prat de Llobregat que se trasmitieron por 670 millones de pesetas en 1989. El ex juez investigaba el uso, para reducir las cargas fiscales de la compraventa, de una empresa con pérdidas que absorbía los incrementos patrimoniales de la compra y actuaba como intermediaria. Estevill inculpó a los tres responsables de las empresas. Sansalvador era gerente de Cofinsa, la intermediaria, y fue citado por Estevill el 18 de junio de 1994. El querellante acreditó ante el juzgado estar ingresado en el Hospital Puerta de Hierro, de Madrid, a consecuencia de un infarto de miocardio. A pesar de todo, Estevill ordenó su "busca y captura". El 14 de julio dos policias le detienen en la UVI del centro sanitario y es trasladado al Hospital penítenciario de Carabanchel, sin prestar declaración alguna.
A pesar de que la causa que instruía era reclamada por el juzgado de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Estevill le toma declaración 14 días después, en Barcelona, y le decreta prisión sin fianza. En cambio, los otros dos inculpados quedan en libertad bajo fianza de 10 y 15 millones que depositan "con toda excatitud" al momento. Finalmente, cuando Estevill ya había abandonado el juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, su sustituta Roser Aixandri pone en libertad provisional sin fianza alguna a Juan Sansalvador que llevaba 204 días en prisión. Sansalvador era gerente de Cofinsa, que compraba a Lemos y vendía a Almacenes Tarragona.
Sansalvador denuncia la presunta prevaricación del ex-juez ya que, en 1985, tuvo un serio altercado comercial con Estevill en su condición de accionista de Cisternas Containers y Equipos, la empresa de Tárrega que fabricaba cisternas para Jorge Juan, empresa que asesoraba Estevill. Sansalvador asegura que eludió las comisiones que Estevill le reclamaba para sobrevalorar las reparaciones de las cisternas y que éste "le prometió venganza, costase lo que costase". El querellante denuncia que Estevill "distorsionó la ley y forzó sus límites con el único propósito aparente de llevar a cabo una venganza personal".
También se pide en la querella la declaración del letrado Juan Piqué Vidal, abogado de uno de los inculpados, José Luis Díaz-Varela, quien a pesar de haber reconocido en su declaración que "el dinero negro se lo quedó su hermano", obtuvo libertad bajo fianza, según apunta la querella..
