18 alcaldes preguntan al fiscal general cómo detener la ampliación de Barajas
Los alcaldes afectados por la ampliación del aeropuerto de Barajas buscan cómo parar las obras de la tercera pista de operaciones. Consideran insuficiente y desatinada la Declaración de Impacto Ambiental de la Ampliación, publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 12, y la recurrirán ante la Secretaría de Medio Ambiente.La Comisión Permanente de Municipios Afectados por la Ampliación -formada por siete localidades y que representa a 18- comunicó ayer al fiscal General del Estado, Carlos Granados, la decisión de actuar contra el documento. Granados recibió a los técnicos de Medio Ambiente de Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Coslada, San Fernando, Algete, Paracuellos y Fuente El Saz y a la Federación de Asociaciones de Vecinos.
La Declaración de Impacto, según la comisión, carece de medidas correctoras del ruido de los aviones, y tampoco especifica las sanciones a las compañías aéreas que superan los niveles permitidos.
El alcalde de Coslada, José Huélamo, de Izquierda Unida, explicó ayer a EL PAÍS que la comisión de municipios ha buscado el consejo técnico y jurídico de Carlos Granados para no errar el tiro a la hora de elegir el procedimiento más adecuado para impugnar la Declaración de Impacto: "No es habitual actuar contra algo de estas dimensiones. Queríamos saber si cabe un recurso después de las alegaciones", indica Huélamo. "La reunión fue para recibir consejo técnico", concluye.
No obstante, hay un precedente claro sobre el acceso a los tribunales cuando una obra está, incluso, terminada: la incineradora de Valdemingómez. La Fiscalía de Madrid recurrió ante la Comunidad la puesta en marcha del horno, ya que era la administración que la autorizó. La Consejería de Medio Ambiente rechazó el recurso. Y, hace un mes, el Tribunal Superior de Justicia lo admitió a trámite. Esta vía no tiene que detenerse ni siquiera por el hecho de que las obras estén en periodo de licitación. Aeropuertos españoles y Navegación Aérea saco a concurso las obras el día en que el BOE publicó la declaración de impacto. La justicia puede suspender cautelarmente las mismas.
Los expertos medioambientales de los municipios expresaron a Carlos Granados su intención de que el Ministerio de Obras Públicas redacte un nuevo documento. Marta Menéndez, portavoz del Ayuntamiento de Tres Cantos, especificó que las medidas correctoras que propone la Declaración de Impacto se aplican sobre los afectados y no sobre los emisores de ruido. A las compañías aéreas se las obliga a pagar tan sólo entre el 4% y el 23% del coste de las medidas correctoras.
Los municipios también demandan cauces informativos que les permitan conocer de primera mano el impacto de los vuelos. Y la Asociación de Vecinos de Tres Cantos agrega "la tomadura de pelo y la irresponsabilidad" de haber dejado fuera de la Declaración de Impacto a este municipio, que en un informe previo de AENA a la declaración definitiva, aparecía como uno de los más afectados por el gran Barajas.
Los vecinos afectados por la ampliación son 40.000, según el Ministerio, y 200.000, según la Federación de Asociaciones de Vecinos. La comisión de municipios decidirá el viernes qué actuación emprender: administrativa o contenciosa.
