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Reticencia del Gobierno a la propuesta de Villarejo como fiscal anticorrupción

La propuesta de nombramiento de Carlos Jiménez Villarejo como jefe de la Fiscalía Anticorrupción -elevada al Gobierno por el fiscal general del Estado, Carlos Granados- está encontrando reticencias en el seno del Ejecutivo, que ha pedido a Granados, a través del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, un informe sobre los demás solicitantes "a fin de que el Gobierno pueda proceder con conocimiento de causa a la provisión de destinos". La propuesta de Jiménez Villarejo para fiscal anticorrupción, del 14 de septiembre, no ha sido llevada aún al Consejo de Ministros.

La carta remitida por Belloch al fiscal general, en la que pide los datos de todos los demás solicitantes a la Fiscalía Anticorrupción, fue enviada el pasado 28 de septiembre, dos semanas después de -que Granados elevara al Gobierno su propuesta.

La carta de Belloch pide a Granados que le informe si hubo más solicitantes a las plazas de la Fiscalía Anticorrupción que los que se proponen para el nombramiento y, "en caso afirmativo", añade, "del nombre, actual destino, trayectoria profesional e idoneidad del resto de los solicitantes de cada una de las citadas plazas, así como del resultado de las votaciones habidas sobre la cobertura de dichos destinos en el seno del Consejo Fiscal".

El ministro de Justicia e Interior justifica la petición de dichos informes "a fin de que el. Gobierno pueda proceder con conocimiento de causa en la provisión de los destinos".

Los puestos a cubrir en la Fiscalía Anticorrupción son las de la totalidad de la plantilla, integrada por el fiscal jefe, el teniente fiscal, cuatro fiscales de la segunda categoría y dos de fiscales de la tercera.

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Al cargo de fiscal jefe anticorrupción se presentaron Jiménez Villarejo, fiscal jefe de Barcelona; Juan Cesáreo Ortiz úrculo, presidente de la Asociación de Fiscales e integrante de la fiscalía ante el Tribunal Constitucional, y José Aranda, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.La propuesta de Jiménez Villarejo fue decidida por el fiscal general, Granados, separándose del criterio del Consejo Fiscal, que votó seis a cuatro a favor de Ortiz Úrculo sobre Jiménez Villarejo. Granados dio después su voto a favor de Jiménez Villarejo, con lo que la votación quedó en seis a cinco, pero el fiscal general explicó que de la votación se abstuvo el propio peticionario, miembro asimismo del Consejo Fiscal, con lo que en la realidad se habría producido un empate, dado que lo lógico hubiera sido que Jiménez Villarejo se hubiese votado a sí mismo.

El Consejo Fiscal es un organismo consultivo del fiscal del Estado, pero no le vincula.

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