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La Comisión advierte que cualquier retoque retrasa la aprobación

Xavier Vidal-Folch

El nuevo problema planteado por los pilotos "deben solucionarlo ellos con la compañía" sin que a Bruselas le corresponda ninguna competencia, indicó ayer a este diario un alto funcionario de la Comisión. Sin embargo, advirtió de los posibles efectos perjudiciales: "Cualquier corrección del plan podría complicarlo", puesto que un aumento de los costes de explotación previstos "acabaría redundando en un incremento de las necesidades de financiación".La decisión del ejecutivo comunitario sobre la legalidad de las ayudas a Iberia se producirá "antes de que acabe octubre", indicó la misma fuente. No excluyó que se produzca este mes, como se había anunciado el pasado julio. "La negociación sigue haciéndose, nadie está sentado sobre el expediente", pero las vacaciones han producido "algunos problemas a los funcionarios" que negocian, "a los de ambas partes y además el plan definitivo no estuvo redactado hasta bien entrado el mes de julio", recalcó este responsable. "Comprendemos la urgencia de la compañía y del Gobierno español, y deseamos que la solución se alcance cuanto antes, pero hay que hacer bien las cosas", añadió, indicando también que la Comisión "no ha recibido quejas" por retrasos.

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Ambas partes optaron en julio por madurar más la cuestión y dejarla para la vuelta de las vacaciones. España prefirió un aplazamiento a una negativa, considerada inminente, de Bruselas. La discrepancia principal se centraba en la cuantía de las ayudas. Iberia pretende una inyección de 130.000 millones, que sería la segunda, tras una de 120.000 millones en 1992.

En julio, la Comisión exigió ampliar el informe de la consultora Deloitte and Touche a las filiales de Iberia. Por parte española también ha habido retrasos. El plan se notificó a la Comisión el 23 de diciembre, pero hubo que retocarlo: la segunda versión se envió el 20 de enero. El ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, lo presentó oficialmente al comisario de Transportes, Neil Kinnock, el 9 de febrero. El 1 de marzo, la Comisión decidió abrir expediente, al considerar que las ayudas de Teneo son de Estado al tratarse de un grupo público.

Pero el retraso principal de Madrid es anterior, según lamentan altos funcionarios españoles en Bruselas: no incluyó el plan de Iberia entre las compañías de bandera (las de Francia, Italia, Grecia, Portugal e Irlanda) examinadas y aprobadas por la Comisión el año pasado, cuando el comisario responsable de Transportes era el español Marcelino Oreja y hubiera sido más difícil aprobar los planes de otras compañías y denegar el de Iberia.

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