El cuartel de la discodia
ES DEBATIBLE si debe o no crearse una comisión , de investigación sobre Inutxaurrondo, pero lo que es in dudable es que hay que investigar, cuanto antes, va nos casos en los que éste cuartel de la Guardia Civil parece implicado. Investigación interna a cargo del ministerio en unos casos; judicial en otros, como el de Lasl y Zabala. Y tal vez en su momento sea necesaria la investigación parlamentaria. Sobre todo si él obstruccionismo, oficial ciega las posibilidades de esclareecimiento, si los acusados siguen amagando con querellarse pero no lo hacen, si el Gobierno sigue mudo. Lo que no es admisibles es que un día sí Y otro también los ciudadanos desayunen con relatos estremecedores so bre supuestos asesinatos, práctica de, torturas, falsificación de pruebas forenses, reparto, ilegal de,fondos reservados-, tolerancia con delitos de contrabando, etcétera, y no pase nada. Por el contrario, se. asciende a general a quien estaba al mando del acuartelamiento. Algunas de esas acusaciones son demasiado. refinadas para resultar creíbles sin más, pero otras. más inverosímiles han resultado ser ciertas y son plenamente lógicas la desconfianza y sospecha de la opinión pública. La muerte de Mikel Zabalza, por ejemplo, fue objeto en su día de una investigación exhaustiva. La conclusión del juez, en base a los informes del forense, fue favorable a la versión dada por la Guardia Civil. Pero la prueba principal era que el cadáver tenía en los pulmones agua del Bidasoa, y ahora aparece. alguien que asegura que le inyectaron ese agua para disimular la verdadera causa de la muerte. Otro testigo anónimo asegura que el responsable máximo de Inutxaurrondo se guardaba las primas que tendría que haber repartido con sus hombres tras los éxitos en la lucha antiterrorista. Como compensación, les garantizaba impunidad a los que realizaban atracos en sus horas libres. Muy alambicado todo. Y en principio tan monstruoso como increíble. Pero ¿quién puede asegurarlo después de que Roldán y otros muchos hayan roto la barrera de lo verosímil?
El general Rodríguez Galindo dijo que no haría declaraciones hasta, septiembre y su abogado aseguró que preparaba una querella contra esos infundios. A la espera estamos. El PSOE y el PP incapaces de ponerse de acuerdo en nada, lo están en oponerse a la comisión de investigación pedida por IU, el PNV y el grupo mixto, argumentando que no colaborarán en un intento de desprestigiar a la Guardia Civil. Hay motivos para rechazar una comisión de, investigación cómo la planteada. Pero la identificación entre el honor de la Benemérita y la no investigación de supuestos hechos delictivos está fuera de lugar. Es cierto, sin embargo, que la forma como se plantea la comisión favorece esa confusión. Investigar las irregularidades o ilegalidades del cuartel, de Intxaurrondo es un concepto extremadamente vago. Algunas de las acusaciones son ya objeto de investigación judicial, y a ella habrían de añadirse, en su caso, las nuevas revelaciones. Si los testimonios sobre la muerte de Zabalza son solventes, podría reabrirse su caso. Y el PNV haría bien en trasladar a los tribunales los testimonios con que dice contar (de "sacerdotes e incluso guardias civiles") sobre supuestas torturas. Pero resulta exagerada la conclusión de su portavoz, Anasagasti, al asegurar que "quiebra el Estado de derecho si no se crea una comisión de investigación". Las comisiones parlamentarias están para dilucidar responsabilidades políticas. Pero el planteamiento habría de ser otro. Indagar sobre supuestos crímenes sin que los acusados puedan acogerse a garantías procesales como no declarar en contra de uno mismo, asistencia letrada, etcétera, plantea problemas senos. Con todo, cada día que pasa sin que se conozcan los resultados de la investigación interna que anunció el ministro Belloch, sin que haya reacción de Rodríguez Galindo a tan graves acusaciones, sin que el Gobierno aporte algunas explicaciones que vayan más allá de la descalificación de quienes las exigen, aumentan las posibilidades de que la comisión de investigación sea una respuesta parlamentaria obligada. Y los daños para las instituciones y para la lucha antiterrorista aumentan. Por eso es inaplazable que el Gobierno dé explicaciones, y que Galindo diga o haga, ante los tribunales, lo que corresponda.
