Garzón imputa a González un delito de fundación de la banda armada GAL y otro de malversación

El juez Baltasar Garzón remitió ayer al Tribunal Supremo un informe en el que afirma que existen indicios racionales de que el presidente del Gobierno, Felipe González, ha incurrido en un delito de pertenencia a la banda armada u organización terrorista GAL, en grado de fundador y dirigente, y otro de malversación de caudales públicos, según informaron fuentes jurídicas. Garzón incluye en su exposición a la Sala Segunda a Narcís Serra y José Barrionuevo, ex ministros de Defensa e Interior, respectivamente, y Txiki Benegas, ex secretario general y ahora presidente del PSE-PSOE. Todos ellos están aforados por su condición de diputados. Contra Serra y Benegas hay indicios de un delito de pertenencia a banda armada en grado de dirección, mientras que a Barrionuevo se le imputa dirección de banda terrorista, secuestro de Segundo Marey, proposición para el asesinato y malversación de caudales públicos.

Garzón ha elaborado un extenso informe de 40 folios que presentó en la secretaría de causas especiales del Tribunal Supremo a las tres de la tarde de ayer. El documento fue guardado en una caja fuerte hasta el próximo lunes, en que la Sala Segunda decidirá, con toda probabilidad, su remisión al fiscal para que informe si el Supremo es competente y sobre el fondo de la cuestión.La exposición del juez Garzón consta de un relato de hechos, una relación de los indicios recogidos en el sumarlo, en los que basa cada uno de los hechos que afirma, y la calificación jurídica que correspondería a cada uno, en caso de que en un juicio se declarasen probados.

Garzón utiliza en su exposición la técnica del árbol probatorio, según la cual los indicios se apoyan unos en otros para ofrecer un relato coherente. Así, la acusación de que Felipe González aprobó la estrategia operativa de los GAL, se basa principalmente en la declaración de Ricardo García Damborenea.

Pero esta declaración se apoya, a su vez, en las de Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad; de Francisco Álvarez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, y de Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao, Todos afirman que alguien con responsabilidades de Gobierno superiores a Barrionuevo era el jefe de los GAL.

Apoyos en cadena

A su vez, la veracidad de estas manifestaciones se sustenta, según el juez, en declaraciones de otros procesados y testigos, así corno en documentos, algunos de los cuales han sido confirmados por pruebas periciales caligráficas. También está constatada la disposición de partidas de dinero con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior para financiar operaciones de los GAL o pagar a algunos de los procesados.

El informe califica la conducta indiciaria de González como constitutiva de delitos de pertenencia a banda armada en grado de fundación o dirección y de malversación de caudales públicos, aunque este último de forma genérica.

Bastante más concretas y precisas son las imputaciones de malversación que se hacen a Barrionuevo. La conducta del ex ministro del Interior y ahora diputado socialista es constitutiva para el juez de varios delitos, ya que los indicios contra él son mucho más sólidos. El secuestro de Segundo Marey y la proposición para enterrarle en cal viva, así como la financiación del grupo, figuran entre las acciones ilícitas que se le imputan.

El juez Garzón, que continuará instruyendo el sumario hasta que el Supremo se lo reclame, levantó ayer parcialmente el secreto de las actuaciones, concretamente hasta las declaraciones del 20 de julio pasado.

Con ello, los abogados pudieron acceder a la literalidad de las confesiones de Planchuelo, Sancristóbal, Álvarez y García Damborenea, así como a las de los otros cuatro policías arrepentidos, en las que todos ellos admiten su participación en el secuestro de Marey.

El juez recibió ayer, por otro lado, la respuesta del Cesid, el servicio militar de información, a su requerimiento para que entregue el documento sobre creación y estrategia de los GAL. La casa invocó la ley de Secretos Oficiales para negarse a facilitar cualquier documento elaborado por sus agentes que figure en sus archivos.

Sólo el Consejo de Ministros o la dirección del centro pueden levantar la obligación de confidencialidad para aquellos documentos que si se conociesen. pudieran afectar a la seguridad del Estado, según la respuesta del Cesid.

Garzón había enviado a la secretaria del juzgado hasta la sede del Cesid el pasado jueves, con un requerimiento para que en un plazo máximo de 24 horas se facilitase el documento de estrategia operativa de los GAL que mencionó García Damborenea en su declaración ante el juez del pasado 20 de julio.

Fuentes próximas al juzgado han señalado que tras la respuesta del Cesid es poco probable que en las próximas horas el magistrado proceda a un registro de las instalaciones del organismo.