La deslealtad de un agente y las deficiencias del Cesid

M. G., La "deslealtad" de un alto responsable del Cesid -presumiblemente el coronel Juan Perote- y las "insuficiencias", "deficiencias" y "distorsiones" en el funcionamiento del servicio secreto fueron la causa del escándalo de las escuchas ilegales, según la explicación que ayer dio Felipe González. El presidente del Gobierno ya advirtió al inicio de su intervención que eran muy pocos los "elementos nuevos" que podía aportar, pese a disponer ya de los resultados de la investigación interna encargada al director en funciones del Cesid, Emilio Alonso Manglano.

La interceptación de conversaciones privadas, explicó, se produjo en el curso de la labor de vigilancia del espacio radioeléctrico que realiza el Cesid, como la mayoría de los servicios secretos. No obstante, había normas para discriminar las comunicaciones de interés de las superfluas, y para borrar automáticamente las segundas, así como para no almacenar ninguna grabación en el departamento de escuchas. Estas normas fueron violadas por un directivo del centro, presuntamente el coronel Perote, al que se atribuye su posterior sustracción y filtración a El Mundo.

González no aludió a la supuesta conspiración que estaría detrás de la publicación de los documentos secretos porque, dijo en uno de los turnos de réplica, el tema está en los tribunales. Sí admitió que lo sucedido fue posible por la insuficiencia de las normas de seguridad del Cesid, basadas en la confianza en sus miembros, y vino facilitado por la existencia de lagunas en la legislación sobre secretos oficiales y en el régimen jurídico de los agentes del centro.

De manera muy genérica anunció una reforma del Cesid para corregir las deficiencias detectadas. Como medidas inmediatas, citó el nombramiento del nuevo director del centro, que según fuentes gubernamentales se producirá tras la toma de posesión del nuevo ministro de Defensa. También aludió a la aprobación del Estatuto del Personal del Cesid, ya ultimado, y se comprometió a enviar al Congreso "propuestas de modificación de la legislación vigente", lo que supone elevar el rango legislativo de la regulación del servicio secreto, actualmente fijada por decreto.

Más concreto fue al afirmar que habrá que cambiar la ley de ordenación de las telecomunicaciones, de 1994, que sanciona cualquier interceptación de conversaciones, para armonizar los intereses de la seguridad nacional con el derecho a la intimidad. Respecto al control parlamentario, propuso ampliar las competencias de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para que sus miembros conozcan el Plan Anual de Objetivos del Cesid.