El 'informe Navajas' sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces

El informe Navajas (mayo de 1989), que detallaba supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa), nunca fue investigado por los jueces. El documento tampoco fue incorporado a ninguna causa, según fuentes jurídicas. Lo único que investigó el juez donostiarra Fernando Andreu, fueron pistas recogidas en un contrainforme de la Guardia Civil que excluía a los implicados de mayor graduación.Tales afirmaciones chocan con las realizadas el pasado jueves en el Congreso por el fiscal general del Estado, Carlos Granados.No sólo fuentes judiciales contradicen a Granados. Documentos reservados de la Guardia Civil detallan cómo se saboteó la investigación desde el propio instituto armado (ver El PAÍS del 4 de mayo). En ellos se afirma que Andreu solicitó información a la Guardia Civil "toda vez que no contaba ni tan siquiera con las diligencias informativas 1/89 que el fiscal Navajas estaba instruyendo". El contrainforme le fue enviado al juez el 19 de abril de 1991, tras "haber sido previamente entregado para su estudio y crítica al teniente coronel Rodríguez Galindo" [hecho que éste niega], jefe del cuartel de Intxaurrondo. El documento finalmente entregado al juez "iba rebatiendo punto por punto las conclusiones del informe Navajas".

El pasado jueves, sin embargo, el fiscal general del Estado aseguró que el informe Navajas fue incorporado en su "casi literalidad" a las diligencias previas 491/91 del juzgado número 1 de Instrucción de San Sebastián, cuyo titular es Andreu. Granados añadió que dichas diligencias acabaron en noviembre de 1993 con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.

Contrainforme

La realidad es que el juez Andreu no llegó a recibir el informe Navajas. Simplemente, dio por bueno un contrainforme hecho por la Guardia Civil que exculpaba al hoy coronel Rodríguez Galindo, al teniente Joaquín Collado Callau, al capitán Fidel del Hoyo Cepeda y al teniente José Guisado Fernández, que se cayeron de la investigación judicial.

Al margen de detallar determinadas pesquisas internas sobre Rodríguez Galindo -calificadas de "someras" en documentos internos y sin voluntad de profundizar ni contrastar-, el contrainforme entregado al juez tenía como objetivo desacreditar el informe Navajas esgrimiendo "la escasa crebilidad de las fuentes" ya que todas ellas estaban vinculadas al narcotráfico. Y como letanía agregaba: "No se ha podido concretar ni determinar ninguna relación" con los narcotraficantes.

Paradójicamente, el contrainforme presentó como creíbles las imputaciones de narcos dirigidas contra otros guardias como el sargento Luis González Alonso, jefe del Grupo de Información Fiscal y Antidroga de la 513 Comandancia, o el brigada Heliodoro Tomé Guarido, del puesto de Irún y responsable entonces de la vigilancia en la ría de Hondarribia. No se presentaron cargos contra ninguno de los dos.

El documento entregado al juez Andreu por la Guardia Civil concluía así: "Cada vez que aparece un nuevo dato, si se investiga nuevamente, paraliza el conjunto de la operación al tener que dedicar tiempo y personal aefectuar nuevas comprobaciones.(...) Por ello, y en tanto los datos imputativos que aporten los medios de comunicación social, no sean presentados por personas concretas y en forma adecuada ante la autoridad judicial o sus agentes, o sean de una. evidencia tal que por sí solos se muestren irrefutables, se sugiere a V.I. que no sean considerados para modificar las líneas de investigación". Con tales líneas de investigación, sólo fue acusado formalmente uno de los 21 sospechosos: el sargento Enrique Dorado Villalobos.

Según fuentes jurídicas donostiarras, tampoco el fiscal Navajas investigó á los agentes que él mismo denunció al fiscal general del Estado en mayo de 1989, sino que se limitó a resumir las acusaciones formuladas por narcotraficantes ánte el capitán Juan Miguel Castañeda.