La oposición exigirá responsabilidades a Lucas por el 'caso Béjar'
Todos los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer el dictamen aprobado, sólo con los votos del Partido Popular (PP), sobre los resultados de la comisión de investigación de Béjar Patrimonial. Los portavoces del PSOE, CDS e Izquierda Unida (IU), anunciaron la presentación ante el próximo pleno de tres votos particulares en los que se exigirán responsabilidades políticas al Gobierno de Juan José Lucas (PP).
La única cuestión en la que los representantes políticos están de acuerdo, tras la última reunión de la comisión, es que no se conoce ni se ha conseguido aclarar el destino de parte de los 600 millones de pesetas de ayuda que la Junta concedió a Béjar Patrimonial para intentar reflotar a Hispano-Textil, que suspendió pagos en 1993 al arrastrar una deuda superior a los 2.800:El dictamen, que, según la oposición, es "cínico, escandaloso o edulcorado", indica, que la Junta "no ha cometido ninguna irregularidad" y pone de manifiesto que los documentos aportados en los que se cita la existencia de una presunta caja B, de dinero negro, "no pueden ser considerados como pruebas debido a que son fotocopias y no originales".
La oposición también manifestó en el transcurso de las deliberaciones de la comisión que desde la Junta "se ha incumplido la Ley de Hacienda al conceder un anticipo de tesorería sobre la subvención" y calificó de negligente al titular de Economía, Fernando Bécker, por no cumplir con el requisito de efectuar un control y seguimiento de los 600 millones. Esta cuestión ha sido rechazada por el Ejecutivo en repetidas ocasiones.
Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Francisco Aguilar, dijo ayer que su grupo "no se opone a que la oposición envíe a los tribunales los datos de la comisión, pero con la condición siempre de que no se incluyan responsabilidades políticas para la Junta". Aguilar, que mencionó la posibilidad "de que se hayan producido algunas irregularidades en Béjar Patrimonial", insistió en que "los expedientes para conceder la subvención de 600 millones por la Junta fueron impecables".
La oposición mantendrá su solicitud de dimisión de Bécker y Pascual Fernández, éste director de Economía, por entender que son los responsables políticos de la desaparición de parte de los 600 millones. Asimismo, recalca que "existen suficientes indicios de carácter penal como para enviar a la fiscalía los documentos y las pruebas aportados en la comisión".
Tanto el dictamen como los votos de la oposición "se debatirán en el primer pleno de este mes".
