Pluralidad lingüística

Hasta ahora, siempre había resistido la tentación de contestar las cartas de castellanohablantes que denunciaban la política lingüística de la Generalitat en Cataluña, porque estaba convencido de que quien razona (¡qué desprestigio para el término!) como ellos es inmune a la evidencia. Sin embargo, todo se agota, hasta la resignación. Ha sido la carta María Emilia Rodríguez Hidalgo (EL PAÍS, 14 de enero de 1995) la que me hecho cambiar de postura, porque constituye un ejercicio de cerrilidad impropio, de un lector de este diario.La Ley de Normalización Lingüística, en vigor desde hace casi doce años, aprobada en su momento con la unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias catalanas, y recientemente declarada constitucional, sólo pretende lo que su nombre indica: normalizar el uso del catalán en Cataluña. Y normalizar quiere decir que todos los ciudadanos que viven en Cataluña estén en condiciones de emplearlo correctamente, sin menoscabo de su derecho a utilizar, en sus relaciones tanto públicas como privadas, el lenguaje que les venga en gana. Normalizar quiere decir que nadie se escandalice porque la lengua propia de una comunidad esté presente, de forma natural, en todos los ámbitos, de la vida de esa comunidad. Hablar de "limpieza lingüística", además de una falsedad y una grosería, es un peligroso síntoma de autismo: cualquier persona amb seny y dos ojos sabe que, si hay un idioma diglósico en Cataluña, es el catalán. No otra cosa puede sostenerse cuando se advierte que sólo circula un periódico diario (y muy pocas revistas) en esa lengua; que, salvo los canales autonómicos, las restantes cadenas televisivas emiten casi enteramente en castellano. Que muchos sectores de la Administración pública presente en Cataluña siguen impermeables (¡después de 15 años de gobierno autónomo!) a la lengua oficial y propia del territorio a cuyos ciudadanos han de servir. Que la gente, en definitiva, puede vivir en Cataluña sin saber catalán, pero no sin saber castellano.

Los argumentos concretos de la señora Rodríguez en defensa de sus posiciones son patéticos: que las comunicaciones que recibe de la Administración autónoma no son en castellano y que lleva varios años pagando un colegio privado para que su hija "no creciera analfabeta en una de sus lenguas propias". En cuando al primero, su afirmación de que no tiene "derecho a ser informada en castellano de ningún asunto oficial" es errónea: el artículo 8 de la Ley de Normalización Lingüística prevé el derecho de los interesados a que la Administración de la Generalitat se les dirija en el idioma que expresamente soliciten.

La alfabetización en castellano de su hija responde, desde luego, a una opción ideológica y no a una imposibilidad empírica. Y ello por dos razones: primero, porque en los colegios de Cataluña que utilizan el catalán como lengua vehicular, tanto públicos como privados, se enseña el castellano, como un área o asignatura más, durante todo el periodo de escolarización; y segundo, porque el entorno familiar y social compensa más que sobradamente, en cuanto al conocimiento del castellano, la atención prioritaria dedicada a la escuela en catalán.-