Vendaval de protestas en Reino Unido por la nueva ley de orden público

Un vendaval de protestas está recorriendo el Reino Unido durante todo el año. Han sido los últimos cartuchos quemados por un sector de la sociedad británica para impedir que la nueva Ley de Orden Público fuera aprobada. Sin embargo, la creciente protesta no ha podido evitar que a comienzos de mes la Cámara de los Comunes sancionara irreversiblemente, tras pasar por la de los Lores, el nuevo texto legal que otorga más poderes a la policía, penaliza el silencio del detenido y dificulta la vida de los travellers -o viajeros-. Organizaciones británicas de derechos humanos han anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Estrasburgo.

En Londres no se habían visto manifestaciones tan masivas desde los tiempos de la poll tax, en 1990. Comenzaron en febrero y arreciaron a mediados de octubre, cuando el Parlamento abrió el debate sobre la ley.Es la eterna batalla de intereses que enfrenta a los que poseen poco -a menudo incluso pocos años- y a los que tienen algo -incluso mucho-. La batalla de la sociedad establecida frente a los grupos que buscan acomodo o la preservación de su marginalidad.

La nueva ley -Justice Criminal Bill y Public Order Bill- representa, para quienes la combaten, la definitiva resurrección de la conservadora sociedad británica. Por el contrario, para quienes la han aprobado en el Parlamento, viene a establecer un punto equidistante entre la libertad de unos y otros.

Mientras un amplio sector de la sociedad británica, y la mayoría de los partidos, políticos, han aceptado el nuevo código con naturalidad, la ley se ha convertido en la bestia negra de ravers, squatters y homosexuales. Estos últimos han perdido la oportunidad de que se homologara con la de los heterosexuales la edad a partir de la cual está despenalizada la relación sexual.

Pero, además, el nuevo Justice Criminal Bill establece un nuevo juego de fuerzas entre los ciudadanos "de orden" y los grupos más o menos marginales que en los últimos años han circulado con total libertad por el Reino Unido. La ley, por ejemplo, rompe una lanza a favor de los dueños de tierra en sus querellas con las acampadas "salvajes" de "viajeros". Una lanza a favor del ciudadano medio en su batalla contra las concentraciones musicales -incluida la música a todo volumen del vecino demasiado expansivas.

Pero además, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos británicas, el nuevo texto legal representa una violación de cuatro artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Paz ciudadana

Todo empezó hace un año, cuando Michael Howard, ministro de Interior, anunció en el congreso anual del Partido Conservador su intención de dotar al país de una ley considerada como el "más completo instrumento legal para luchar contra la delincuencia". Una ley que vendría a reformar el Criminal Justice Act para impedir que la paz ciudadana pudiera verse alterada en campos y ciudades, siquiera en pequeña escala.Los juristas del Ministerio de Interior se pusieron manos a la obra y elaboraron un texto integrado por 171 cláusulas de sutil redacción que ha sido virulentamente atacado no sólo por los grupos marginales que se sienten directamente afectados por el nuevo texto, sino por las organizaciones de abogados y de procuradores.

¿Qué tiene el Criminal Justice Bill para haber concentrado tanta ira en tomo a sus artículos? "Lo que tiene es simple y sencillamente que conculca los derechos humanos. Al no existir en el Reino Unido una Constitución escrita o una Declaración de Derechos del Ciudadano, la nueva Ley de Orden Público no colisiona legalmente con nada", opina Atiya Lockwood, portavoz de Liberty, una organización que funciona en el Reino Unido desde hace 60 años y que está decidida a recurrir la ley en Estrasburgo.

De acuerdo con la nueva legislación, por ejemplo, atravesar una propiedad privada en el campo -hasta ahora un delito civil- puede ser castigado con la cárcel si la persona que transgrede la norma se niega a marcharse cuando se lo indique la policía.

Sospechas policiales

"Además, te pueden detener por la calle cuando la policía sospeche que te diriges a una concentración no autorizada. Y las fuerzas de orden público pueden sacar muestras del ADN de las personas implicadas en delitos leves", añade Fernando Guasch, militante de la organización Outrage, que lucha por la igualdad de los homosexuales.Sin embargo, en un reciente artículo publicado en una revista universitaria, David Maclean, uno de los artífices del texto, atribuía la mala fama que precede al Criminal Justice Bill a la desinformación y a los prejuicios de una parte de la prensa. "Hay demasiados mitos en torno a esta ley", escribía Mclean.

"Mucha gente cree que la policía va a detener a los excursionistas que atraviesen una propiedad rural o a los manifestantes que lleven a la vista el panfleto de la convocatoria de protesta. En ambos casos la ley sólo les afectará si atraviesan una propiedad privada con la intención de obstruir, interrumpir o intimidar a cualquiera que desarrolle en ese lugar una actividad legal", terminaba Mclean.

Lo malo es que la intención, se quejan los grupos que han formado el bloque antiley, la medirá la policía.